Toño Tarín, Operación Safiro, la mano oculta y el crimen contra migrantes

Un mar de especulaciones… ¿Y Sagalmex y el Banco del Bienestar? Bien gracias…

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Un mar de especulaciones…
¿Y Sagalmex y el Banco del Bienestar? Bien gracias…

El Hecho: Antonio Enrique Tarín está muerto…

La muerte no aclarada de Antonio Enrique Tarín García, de quien existe la versión no oficial que se suicidó arrojándose “del puente de los suicidas”, -Homero sobre Periférico de la Juventud-, abre un nuevo capitulo de especulaciones en torno a la llamada “Operación Safiro”, investigación que supuestamente ponía al descubierto una red de corrupción en la que se señalaba como presuntos involucrados a César Horacio Duarte Jáquez, Antonio Meade, ex candidato del PRI a la presidencia, el priista siempre presente en todo acto de corrupción Manlio Fabio Beltrones, de quien se decía era el “organizador de la caja de la corrupción”, Luis Videgaray y el propio Enrique Peña Nieto, entre otros.

Fue la madruga del viernes 7 de abril, cuando se dio a conocer que una persona había perdido la vida por el impacto que le provocó caer desde el segundo nivel del puente de la Homero y Periférico de la Juventud, sin que hasta el momento se aclare si fue suicidio o lo arrojaron desde el punto más alto, pero de manera extraoficial de inmediato se dio a conocer que se trataba de Enrique Tarín García ex Director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda Estatal a quien se acusaba del desvío de 250 millones de pesos del erario estatal.

Cuando se reportó el hecho de su muerte, el cuerpo vestía short y sudadera de color obscuro y se encontraba descalzo y seguía portando el brazalete de localización que mantenía, pues se encontraba bajo la medida cautelar de libertad condicional o de prisión domiciliara como comúnmente se le denomina.

Las autoridades no aclararon si el ex funcionario estatal de César Duarte Jáquez, se suicidó o fue arrojado desde el segundo nivel del puente de la Homero.

Cabe recordar que Enrique Tarín Garcia fue detenido en la Ciudad de México en mayo del 2017, a quien se le seguían seis carpetas de investigación de fuero local y una más del fuero federal, por el desvío de los 250 millones de pesos ya señalados.

La red de corrupción de la que habla Operación Safiro:

Según la llamada Operación Safiro, existía una red de corrupción con la cual se desviaron solo del presupuesto de Chihuahua 246 millones de pesos y que el operador de esos movimientos fue el ahora muerto Antonio Enrique Tarín García, supuestamente por ordenes directas de ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez.

La acusación señala que en total se movieron vía esa red, 650 millones de pesos, pero hasta la fecha no se ha logrado aclarar cómo y quienes desviaron los recursos de las otras seis entidades que participaron en esa red. Lo que sí se sabe es que son Durango, Colima, Sonora, Estado de México, la delegación Milpa Alta y el Congreso del Estado de Morelos. Entidades en donde no hubo repercusiones legales ni acusados directos, solo señalamientos sobre gobernadores y nada más.

“El 21 de diciembre de 2017, The New York Times reveló, en una investigación conjunta de su corresponsal en México y del corresponsal de la revista Proceso en Washington, el mecanismo del desvío de fondos públicos de Chihuahua para las campañas del PRI en 2016, con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray. Cuestionamientos que ya han sido negados por ambos”. Dice una nota publicada por “Mexicanos Contra la Corrupción”.

La red de corrupción se denuncia venía trabajando desde el 2016, vía contratos simulados con diversas empresas.

“Según la información recopilada por MCCI, los mayores desvíos realizados aquel año a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priístas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones).

El Congreso de Morelos transfirió al menos 16.4 millones de pesos y el Gobierno de Colima, encabezado por José Ignacio Peralta, otros 15 millones. En la investigación se localizaron operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priísta Jorge Alvarado en la delegación de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, aunque en ambos casos los montos documentados fueron mínimos”, sostiene en esa misma nota Mexicanos Contra la Corrupción.

Por la investigación en torno a esas acusaciones fue que se detuvo al empresario y político Jorge Gutiérrez “La Coneja”, quien ya está libre y mantiene un proceso de contra-demanda pues nunca se le comprobó ninguna de las acusaciones en su contra y por el momento él tiene demandando al ex gobernador Javier Corral Jurado y al propio gobierno del Estado de Chihuahua, en un proceso que todavía no termina.

Lo interesante de la llamada “Operación Zafiro”, es que en realidad solo ha servido para que algunos hagan mucha publicidad en su entorno, pero hasta ahora no hay ni uno solo de los peces gordos señalados en la cárcel.

Es decir, hay quienes pueden decir que la red de impunidad la tejió Enrique Peña Nieto y eso puede ser una verdad absoluta, pero en los cinco años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, tampoco se ejerció justicia y la impunidad se mantiene como un manto protector en torno a Peña Nieto y a todos los señalados. Y ahora el poder es del Peje.

La extraña narrativa:

Pregoneros cercanos y en su momento muy favorecidos por el ex gobernador Javier Corral Jurado y otros que tienen años siendo corifeos de Andrés Manuel López Obrador, salen y ocupan espacios en redes sociales y en varios medios muy propensos a solo aplaudir y lanzar loas a la 4T, para hacer correr versiones de que la muerte de Antonio Enrique Tarín García, bien pudiera estar ligada al exgobernador preso César Horacio Duarte Jáquez y a la propia administración estatal, a la que acusan de estar íntimamente ligada al duartismo y a esa operación de corrupción.

De entrada hay que señalar que los videos hasta ahora filtrados a diversos medios de comunicación y que circulan profusamente por redes sociales, que muestran el momento en que es encontrado el cuerpo de Tarín García, no muestran si él se arrojó o lo arrojaron y de igual manera, no se ve en la parte superior del puente, punto desde el que se supone que él se arrojó, su vehículo, de tal forma que hay quienes especulan si en verdad se trata de un asesinato. ¿Apoco llegó en Uber o caminando para tirarse de puente?, preguntan y nadie aclara.

Hay quienes incluso sostienen que el cuerpo fue encontrado “maniatado y con una bolsa en la cabeza”, situación que la propia autoridad estatal no ha desmentido de forma contundente.

Ahora bien, en la narrativa de la especulación absoluta, se señala que la muerte de Toño Tarín, “pudiera ser un asesinato para cubrir las huellas de esa corrupción que también llega a la actual gobernadora María Eugenia Campos”.

Y hacen “cuadrar” la narrativa “a martillazos”, cuando dicen que hay todo un manto protector tendido desde Palacio de Gobierno de Chihuahua, en torno a esos temas y una “persecución política” en contra de Javier Corral, el ex gobernador del Estado.

Las acusaciones contra María Eugenia Campos:

De entrada vale recordar, que la actual gobernadora del estado estuvo sujeta a un juicio, el cual se cayó, cuando se descubrió que los supuestos vales que dijeron que ella había firmado al recibir de forma ilegal dinero del erario estatal y que supuestamente un notario había certificado, eran absolutamente falsos.

Existe la declaración del Notario Luis Raúl Flores, quien de forma contundente señaló que él no había certificado la validez de esos recibos, que hoy se sabe fueron filtrados por el propio Javier Corral Jurado a “El Heraldo de Chihuahua”, vía su ex directora Georgina Morett Cuevas, quien ordenó se publicara una nota señalando que “de forma anónima” esos documentos les habían llegado a las puertas del periódico.

La versión propagada sobre el particular, sostiene que Gina Morett, fue convencida por el gobernador Corral y Gustavo Madero, quienes incluso le “adelantaron” el cronograma de hechos por suceder a partir de esa publicación que le pedían, pues ellos hablaban -lo hicieron con varios más- de fechas exactas de la detención de María Eugenia y de como el juicio le costaría la candidatura y la libertad.

Una fuente al interior del propio Heraldo de Chihuahua, sostiene que la charla al momento de preparar la noticia para su publicación, fue que con esa nota se acababa la carrera política de la hoy gobernadora y se le dejaba el camino libre a Gustavo Madero, a quien se suponía que desde ese momento le darían el trato de candidato oficial a la gubernatura.

Pero los recibos resultaron falsos y el juicio se desplomo, esto fue un golpe mediático tremendo contra la intención del ex gobernador de “reventar” a la alcaldesa.

Empresarios, panistas destacados y el Delgados Nacional del PAN en la entidad, para el proceso interno de ese partido para elegir candidato, Luis Serrato, fueron los que presentaron el estudio realizado por Sergio García Vidauri y Alberto Raúl Baudino, peritos en grafoscopía que revisaron letra por letra, trazo por trazo el estilo de escritura de los documentos, el cual concluye que se trataban de documentos falsos.

Además, señalaron que el supuesto sello de la Notaría No. 4 de Luis Raúl Flores, en todas las hojas estaba colocado exactamente en el mismo lugar, con el mismo ángulo y las mismas distancias de cada lado, lo cual es prácticamente imposible que suceda, si se suponía que todos esos recibos fueron llevados a certificar uno por uno y con semanas de diferencia, por lo que los expertos determinaron que todos esos documentos, son una copia uno del otro realizada por computadora y que primero les colocaron el sello y ya después el texto.

En un documento de ese tipo, es notorio que el sello de la notaría al plasmarse queda “por sobre el texto” y en los sellos que la Fiscalía General del Estado pretendió hacer pasar como “reales”, ocurrió al revés. Es decir, primero estaba el sello y ya después imprimieron sobre esa hoja el texto y las supuestas firmas.

Cabe señalar además, que toda la acusación en contra de la actual gobernadora se basaba en esos documentos y no se presentaba ningún otra prueba, salvo dichos del ex Secretario de Hacienda Estatal Jaime Ramón Herrera Corral, quien sostuvo que él entregó diversas cantidades a la hoy gobernadora cuando ella era diputada local.

Por cierto, la pasada administración de Javier Corral Jurado no levantó un solo proceso en contra de Jaime Ramón Herrera Local, a pesar de que él en sus propias declaraciones reconoció haber extraído cantidades millonarias de las cuentas públicas, sin presentar una sola prueba de que esos retiros eran ordenados por el ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez y dijo además que él simplemente firmaba los cheques y ordenaba los movimientos que le ordenaban de palabra o por indicaciones recibidas vía un tercero. Y tampoco se ha comprobado el destino final de esos recursos.

De forma adicional, hay que recordar que en una conferencia de prensa César Jáuregui Moreno, en ese entonces Secretario del Ayuntamiento, presentó un audio de una llamada que sostuvo con Herrera Corral, en donde el ex secretario de Hacienda, le dice, “…dije puras mentiras, porque me pusieron una pistola en la cabeza, que querías que dijera”.

Total, la investigación y todo el proceso en contra de la actual gobernadora se cayó, sin pruebas y sin nada, pero quedó muy en claro que todo eso se trataba de un chantaje político, pues tanto el candidato de Javier Corral a la gubernatura, el hoy senador Gustavo Madero Muñoz, como la presidenta estatal del PAN, la hoy diputada federal Rocío Reza hicieron publico “el ofrecimiento político” de parte del gobernador a la en ese entonces alcaldesa de Chihuahua Capital, para que dejara sus aspiraciones a ser candidata a gobernadora y que a cambio se acababa con el proceso en su contra y de premio le daban la candidatura a diputada federal. Es decir, el objetivo de Corral y Gustavo Madero, no era demostrar la corrupción de María Eugenia, era hacer candidato a gobernador al hoy senador al costo que fuera necesario y de plano no lo lograron.

Al final María Eugenia Campos se convierte en candidata a gobernadora a contrapelo del gobernador Javier Corral Jurado y a la postre en su sucesora, por cierto, Corral siguió los mismos pasos que su antecesor, ni siquiera estuvo presente en la toma de protesta de la hoy gobernadora.

¿Persecución contra Javier Corral?

La gobernadora del Estado María Eugenia Campos Galván ha sido reiterativa al señalar que no habría “ni perdón ni olvido” en relación a las acusaciones contra César Duarte y su antecesor el también panista Javier Corral Jurado.

Incluso el día 3 de junio del 2022, -hace ya 10 meses y seis días- María Eugenia Campos en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, habló de que había cuando menos cinco situaciones que podrían derivar en casos penales, civiles y administrativos en contra de Javier Corral Jurado. Y que en breve se arrancarían esos procesos.

Entre otras cosas, María Eugenia señaló que la administración de Corral, había dejado caducar medicinas por un monto superior a los 200 millones de pesos y que por errores administrativos la deuda del Estado de Chihuahua ya superaba los 84 mil millones de pesos y que además había una cantidades todavía no contabilizadas de deudas con proveedores y pasivos que tenían prácticamente quebradas las finanzas de la entidad.

Además de ello, sostuvo que había un boquete administrativo enorme, pues el 70% de los ingresos del Gobierno del Estado, no estaban correctamente contabilizados, “se fugaron”, decía la gobernadora, los recursos que se generaron por cobro de impuestos, aprovechamientos y derechos.

Pero hoy se puede asegurar que no hay una persecución real en contra del ex mandatario, que hay escaramuzas mediáticas, declaraciones, pero ni un solo procedimiento legal propiamente iniciado.

Manos ocultas:

Caso Safiro: Al momento no hay dudas, la 4T no ha movido un solo dedo, para detener o llevar a juicio a los señalados de la pasada administración de Enrique Peña Nieto, incluso Andrés Manuel López Obrador en varias ocasiones ha sostenido que siente un gran respeto por su antecesor y que le está muy agradecido “por no haberse metido al proceso electoral”, es decir, sus palabras son muy claras y develan el pacto de impunidad que existe entre Palacio Nacional y el ex titular del Poder Ejecutivo Federal. El que ya se fue, entregó al país, el que llegó, lo deja en paz y en libertad absoluta y todos contentos.

De igual forma es evidente que Osorio Chong, Luis Videgaray, Manlio Fabio y otros, viven tranquilamente, sin procesos en su contra.

Hay quienes recuerdan que cuando salió una acusación directa en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, de inmediato se destapó el video escándalo de Pio López Obrador, hermano del presidente, recibiendo paquetes de dinero en efectivo, “para la causa” y la especulación de muchos, fue que “El Chino Osorio” actuó con “todo el poder de un ex secretario de Gobernación de la vieja escuela” y que por ese motivo, se acabaron de un solo golpe las investigaciones en su contra y también dejaron de aparecer videos de la corrupción de los López durante su campaña.

Así que la mano oculta en torno a ese caso, hay que buscarla en Palacio Nacional.

¿Persecución a Javier Corral?: La actual administración de María Eugenia Campos Galván, solo ha generado denuncias mediáticas y algunos procedimientos legales que no han fructificado en nada.

Ejemplo de ello fue que el pasado 21 de octubre del 2021, El Diario de Chihuahua publicó una nota en donde informa: “La jueza de Control, Abigail Sosa Rivera, resolvió ayer que el ex-secretario de Hacienda en la pasada administración estatal Arturo Fuentes Vélez, sí puede ser sujeto a una investigación del tipo penal, por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), específicamente por más de 114 millones de pesos, que el exfuncionario publicó como entregados en los estados financieros del gobierno estatal durante los meses de diciembre de 2020 a marzo de 2021, lo cual fue falso”.

En esa misma nota se puede leer. “Con la resolución de ayer la Fiscalía estatal puede investigar al ex funcionario de primer nivel y en su caso solicitar la apertura de un proceso penal”.

El 20 de octubre del 2021, Arturo Fuentes Vélez tenía la cita para acudir a una audiencia ante un juez, para escuchar las acusaciones en su contra, pero el ex secretario de Hacienda del quinquenio de Javier Corral se hizo ojo de hormiga y aunque se señaló que hay tres procedimiento en su contra, no hay un juicio iniciado.

Hay la versión -escrita por varios columnistas de la entidad- que Arturo Fuentes Vélez decidió huir del país y que actualmente vive en los Estados Unidos y que hay un pacto “de no búsqueda”, para no afectar la imagen del PAN en la entidad y que ese pacto le fue solicitado a la gobernadora por connotados panistas y empresarios que le pidieron no acusar a Fuentes Vélez, “pues una guerra de lodo pudiera ensuciar aún más a la marca”.

La que si está detenida es la ex directora administrativa de Comunicación Social, pues la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, le ejecutó una orden de aprehensión librada por un juez de Control, acusada de realizar contratos por más de 9 millones de pesos, que favorecieron a una familiar suya de quien se dijo era novia de Antonio Pinedo, quien fuera titular de Comunicación Social y su jefe directo.

El otro ex corralista detenido y posteriormente liberado, fue el ex fiscal Francisco González, quien era el fiscal especial de los llamados “Expedientes X”, pero su detención fue por una recomendación dictada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por denuncias de varios detenidos que lo acusaban de tortura.

Su proceso fue atraído por la Justicia Federal.

En el caso de Javier Corral Jurado, se han hecho tres intentos de iniciarle juicios políticos, para después llevarlo a juicio ante un juez, pero los tres intentos “se reventaron” en comisión, de tal forma que solo se presentaron las solicitudes, pero no se hizo nada en su contra.

La especulación señala que hay manos en el CEN del PAN y que hasta posiblemente Palacio Nacional es quién pudo haber solicitado no se iniciaran procesos en su contra, de tal forma que hasta el momento va ganando “el perdón y el olvido”.

¿Y el incendio de los migrantes?

El pasado 28 de marzo se suscitó un incendio en el centro de detención a migrantes del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juarez, el saldo de esa noche fue de 38 muertos. A la fecha ya suman 40 migrantes de varios países de centro y sur América muertos.

El video que se filtró de esa tragedia demuestra que los migrantes estaban encerrados, que no les abrieron las celdas.

Las autoridades informaron que se habían generado órdenes de aprehensión para tres funcionarios de migración, dos guardias de seguridad privados y un inmigrante acusado de iniciar el incendio y nada más.

Hay el señalamiento internacional sobre ese crimen lo dio muy claro, “no se le puede catalogar de solo ser una tragedia, cuando es evidente la corrupción”.

El PAN de Chihuahua tardó más de 36 horas en hacer un señalamiento duro y claro, antes, solo lamentaron el hecho, no pidieron cabezas, se vieron tibios, sin idea, se pensaron solidarios con un gobierno federal que todos los días encuentra la forma de atacarlos.

Hoy ese tema de plano parece que se va al cajón de lo que se va a olvidar, de lo que va a quedar sin solución, detenidos los empleados que estaban en el lugar sin llaves para abrir las celdas, pero no hay investigación sobre quien ordenó las detenciones, sobre la corrupción existente y permitida, con la que roban a los migrantes para permitirles seguir en la calle, sin explicar porque a los migrantes se les trata como criminales, cuando se supone que por ley no debería ser así.

No rodó la cabeza del delegado, ni de ningún otro funcionario federal, incluso el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, cínicamente declaró: “ese tema le corresponde a Marcelo Ebrard, son asuntos que tienen que ver con migración”, explicando que existe un acuerdo mediante el cual Gobernación Federal entregó la operación de los centros de detención de migrantes a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Total, los dos se lavaron las manos y no hay renuncias ni carreras políticas afectadas.

Y este fin de semana todas las voces de la 4T, se unen para especular sobre la muerte de Toño Tarín, hasta parece que siguen un guión, como si las cosas estuvieran preparadas, “dejen de hablar de los migrantes, ataquen con el nuevo tema”.

El Banco Bienstar y Sagalmex:

Hoy en esta entrega especial, podemos afirmar que a la 4T le duele todo, por un lado el Banco del Bienestar queda bajo sospecha internacional de servir al narcotráfico para el lavado de miles de millones de dólares, usando el envío de remesas desde los Estados Unidos y por el otro SAGALMEX, es un nido de corrupción en donde 58 de cada 100 pesos que utilizan se fueron por la coladera de la corrupción, en un acto tan brutal que es el robo más grande de la historia del país con un costo de 15 mil millones de pesos que nadie sabe a donde fueron a parar.

En el caso del Banco Bienestar, la situación es sumamente clara, el aumento de las llamadas remesas del extranjero, son simplemente inexplicables. Y es que en el 2018, llegaron de los Estados Unidos 31 mil 700 millones de dólares -cifra cerrada-, pero para el 2022 esa cifra creció un 84.5% y alcanzó los 58 mil 500 millones de dólares, como si los mexicanos trabajando en los Estados Unidos hubieran crecido al doble o de plano, todos se pusieron de acuerdo para enviar el doble de lo que normalmente enviaban al país.

Al respecto SIPSE.COM publica una nota en donde da a conocer: “En ese lapso, aumentaron en 278.7 por ciento las remesas procedentes de estados que antes no figuraban como enviadores de remesas dada su poca población mexicana, como Idaho, Maine, Minnesota, Montana, New Hampshire, Dakota del Norte, Tennessee y Utah”.

Y a continuación esa misma nota, agrega: “En Minnesota, el monto de dinero enviado a México repuntó 585.3 por ciento, y hoy significa el 8.3 por ciento del total, aunque sólo vive ahí el 0.5 por ciento de la población de origen mexicano”.

Lo que significa que nada más de Minnesota llegaron al país en el 2022, más de 4 mil 855 millones de dólares. Un equivalente a 404 millones 625 mil dólares -en cifras cerradas- al mes. Es decir, más de 8 mil millones de pesos mensuales.

El Gobierno de Estados Unidos en un estudio sobre el envío de remesas de mexicanos al país, señala que el promedio es que cada mexicano manda a su familia poco más de 390 dólares mensuales, de tal suerte que se necesita un promedio de un millón 37 mil 500 “paisas” viviendo en ese estado para lograr remesas de esa proporción.

Para darnos una mejor idea de lo improbable de esa situación, durante 2021, la población mexicana inmigrante en Estados Unidos se calculaba eran poco más de 10 millones 697 mil personas. Y según diversos censos dos de cada tres mexicanos viviendo en los Estados Unidos, mayores de 16 años de edad, eran económicamente inactivos, de tal forma que solo poco más de 7 millones 131 mil “paisas” enviaban lana.

Para el 2022 el Instituto de los Mexicanos en el Exterior registró que había 11 millones 913 mil 989 mexicanos viviendo fuera de México; de los cuales el 97.79% radicaba en los Estados Unidos de América. Es decir, había poco más de 11 millones 650 mil mexicanos en los Estados Unidos.

Si solo el 0.5% de los mexicanos que radican en los Estados Unidos viven en Minnesota, eso quiere decir que hay una población posible de 58 mil 250 “paisas” en esa entidad que hace frontera con Canada, los cuales cada uno de ellos enviaron más de 129 mil 466 dólares al año casi 10 mil 800 dólares al mes, algo así como 205 mil pesos cada mes a sus familias.

Las cantidades no cuadran, no hay forma de explicarlas y es por eso que la Wells Fargo, fue la primera en dar a conocer que cerraría sus operaciones con el Bienestar, por la enorme posibilidad de que estuvieran siendo utilizados para lavar dinero del narcotráfico, algo así como 152 mil millones de pesos.

Y mientras el sistema bancario de los Estados Unidos señala esa situación extremadamente grave, el presidente Andrés Manuel López Obrador en varias de sus mañaneras se ufanaba de las cifras récord logradas en las remesas y que eso era por la confianza que hay en nuestros paisas en el extranjero de que aquí las osas ahora si se hacen bien. ¡Absolutamente ridícula su explicación!

SAGALMEX:

El pasado 8 de abril, en La Nación, el periodista Griego Joaquín Hernández, publica una nota que lleva por titulo: “Segalmex: de cada 100 pesos, 58 se fueron en corrupción” y en e balazo de la nota, dice: “Durante 3 años, la dependencia federal presentó irregularidades en el manejo de 15,000,000 de pesos”.

Sobre ese tema un periodista durante una de las mañaneras le preguntó al presidente Andrés Manuel López Orador, sobre esa corrupción en SAGALMEX la cua ya se calcula en más de 15 mil millones de pesos.

Quien mejor detalla que pasó ese día es el periódico Eje Central, quien en la nota firmada por el reportero Marco Antonio Aguilar, se puede leer que ante la pregunta el presidente respondió:

“Pues que no hay impunidad, nada más que ustedes, los representantes de la prensa conservadora y corrupta, que está en contra de nosotros, están utilizando estos casos para tratar de proyectar la idea de que somos iguales, de que es lo mismo el caso de Segalmex”, apuntó.

Y la nota agrega: “El mandatario acusó a los medios de comunicación de una campaña en su contra, para hacer parecer que el actual gobierno es similar a las anteriores administraciones, pero que no es así”.

Y en siguiente párrafo escribe: “Como ahora se está llevando a cabo un cambio en donde no se permite la corrupción, ni hay impunidad, entonces ustedes utilizan estos casos que se están presentando para magnificarlos y querer de esta forma igualarnos, es decir: ‘todos son iguales, es lo mismo, no hay honestidad’”, acusó”.

Es decir, para el presidente no es corrupción que 15 mil millones de pesos destinados a la compra de alimentos para los más pobres se desaparecieron o se entregaron en contratos falsos, su gobierno no es igual a los anteriores, no le están robando a los más pobres, ellos son distintos, pero “los conservadores y corruptos” no entendemos que las cosas ya cambiaron.

Pero mientras el presidente da discursos y se lava las manos ante señalamientos de casos claros de corrupción, en SAGALMEX ya se robaron 15 mil millones de pesos, esto sin ser iguales al pasado, ¿que tal que si fueran iguales?

Conclusiones de colofón:

La muerte de Antonio Enrique Tarín García debe ser aclarada, a cabalidad, eso es indudable.

También es innegable que hay una narrativa fantasiosa sobre las implicaciones de esa muerte, la cual se hace con dolo.

Es innegable la incapacidad de la administración estatal de dar respuestas a los hechos, de tal forma que la narrativa siempre termina por generar especulaciones en donde ellos son los grandes culpables.

Hay una narrativa clara, que pretende llevar al olvido el tema de los migrantes, la corrupción y los verdaderos culpables de esa tragedia de 40 muertos. Cabe la expresión que la izquierda usa como mantra: “¡Fue el Estado asesino!” Y hoy tiene más validez que nunca.

A río revuelto Javier Corral sabe mover sus piezas para seguir con el golpeteo incesante en contra de la gobernadora y eso lo hace porque está libre.

Ya pasaron un año y seis meses completos y en torno a Javier Corral va ganando el perdón y el olvido, esto a pesar que el pasado 3 de junio del 2022, -hace ya 10 meses y seis días- María Eugenia Campos en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, habló de que había cuando menos cinco situaciones que podrían derivar en casos penales, civiles y administrativos en contra de Javier Corral Jurado. Y que en breve se arrancarían esos procesos.

La única forma de explicar muchas cosas, es entender que hay manos que mecen la cuna y son capaces de detener hasta el proceso de la justicia.

La conclusión final es un golpe para muchas conciencias, pues el estado se desmorona entre la corrupción y el hecho de que ya somos un verdadero “narco país”, pues el gobierno federal le construyó a los narcotraficantes un banco para que pudieran lavar sus dineros, a cambio de que sigan apoyando con temas electorales y de los moches debidos. Aquí se asesina a migrantes y no hay culpables, pero Andrés Manuel sale y dice: “…ustedes, los representantes de la prensa conservadora y corrupta, que está en contra de nosotros, están utilizando estos casos para tratar de proyectar la idea de que somos iguales” y la verdad es que no lo son, son peores y eso es innegable…

Ciudad de México, primeras horas del 9 de abril de 2023, domingo de gloria…