Ministros invalidaron el ‘plan B’ de reforma electoral al señalar que existieron violaciones en el procedimiento legislativo.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inválida la segunda parte del llamado “plan B” de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguraron que en la aprobación de estas reformas existieron violaciones al procedimiento legislativo.
Esta segunda parte del “plan B” electoral contiene cambios a la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), reduce los salarios de los consejeros, elimina fideicomisos y pone nuevas reglas para los partidos políticos.
El proyecto avalado fue presentado por el el ministro Javier Laynez Potiseck, quien señaló que una de las violaciones que se presentaron en la aprobación de estas reformas fue que los diputados no tuvieron un “plazo razonable” para discutir estos cambios a leyes secundarias.
El ministro comentó que este “plan B” tiene potencial invalidante, ya que, dijo, se vulnera el principio de deliberación democrática, porque no se garantiza el derecho de participación de todos los grupos parlamentario en condiciones de libertad. Eso ocurre, explicó, porque los legisladores no tuvieron la posibilidad de conocer las iniciativas que Morena decidió que se discutirían y que se aprobarían en el momento en que se presentaban las reformas.
A su vez, el ministro Luis González Alcántara Carrancá respaldó el proyecto para invalidar las reformas electorales de López Obrador, pues recordó que este decreto comparte el mismo proceso legislativo que la primera parte del “plan B”, el cual también fue invalidado.
“Compartió los mismos vicios legislativos que este Tribunal declaró que tiene un potencial invalidante por su afectación a la democracia deliberativa”, dijo el ministro y agregó que este decreto también violó el sistema bicameral de aprobación de leyes.
En tanto, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra del proyecto. La primera comentó que las irregularidades registradas no tienen “potencial de invalidante” y argumentó que los legisladores sí conocieron el contenido de la incitativa y estuvieron en “aptitud” de posicionarse al respecto; además, consideraron que las irregularidades podían subsanarse en etapas posteriores.
