Una nueva orden de aprehensión contra la exalcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cinthia Marina C.B se presentó por parte de la Fiscalía Anticorrupción la cual deriva de una investigación vinculada a la compra y venta de camiones recolectores de basura, un caso que ha suscitado considerable atención en la región.
El fiscal anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, anunció dentro de una rueda de prensa, que esta investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por la síndica del municipio.
Conforme a la información oficial, se evidenció que la exalcaldesa, en colaboración con otros exfuncionarios y personas ajenas a la administración, ejecutó el contrato de compraventa incumpliendo los procedimientos establecidos. El monto de la transacción asciende a 4 millones 254 mil pesos, y las implicaciones legales para Ceballos podrían resultar en una pena de seis meses a cuatro años de prisión, según lo determinado en el proceso penal derivado de esta nueva acusación.
Este acontecimiento resalta la firmeza de las autoridades en la lucha contra la corrupción en el Estado de Chihuahua, subrayando, al mismo tiempo, la importancia de la rendición de cuentas en la gestión pública.
Es relevante señalar que la exalcaldesa fue detenida el 12 de noviembre del año pasado, tras ser acusada por el delito de peculado agravado. Posteriormente, el 18 de noviembre, fue vinculada a proceso, después de que una jueza de control considerara válidos los argumentos probatorios presentados por la Fiscalía Anticorrupción en su contra.
En la audiencia, la Juez indicó que, según las pruebas presentadas, se comprobaba la participación de la imputada en la enajenación de estos bienes patrimoniales del municipio, sin llevar a cabo el trámite correspondiente ante el Cabildo y sin reportar las transacciones a las arcas municipales. Esto fundamentó el tipo penal por el cual se judicializó la carpeta de investigación.
Se espera que el desarrollo de este caso aporte claridad y justicia en el ámbito gubernamental, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley.
