La Fiscalía ha emitido órdenes de aprehensión contra 61 personas por su presunta participación en un saqueo millonario de recursos públicos dentro del caso García Luna, donde se encuentra su esposa, Linda Cristina Pereyra.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido órdenes de aprehensión contra 61 personas, entre ellas Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Según la FGR. Esta orden se da bajo la presunción de que estas personas habrían colaborado con García Luna y sus socios en el saqueo de recursos públicos del órgano administrativo prevención y readaptación social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.
Linda Cristina Pereyra es acusada de tener participación en la triangulación de recursos públicos
La investigación de la fiscalía reveló que recursos públicos fueron canalizados de manera ilegal a empresas controladas por García Luna y sus socios, mediante contratos fraudulentos que sumaron un total de 5 112 millones de pesos. Estos fondos fueron sustraídos a través de triangulaciones criminales a nivel internacional, mismas que involucran a las personas hoy imputadas.
La lista de las personas que se encuentran en búsqueda y captura también incluye a Cristina Gálvez González, suegra de García Luna, y a otros familiares del exfuncionario. La FGR sostiene que formaban parte de la red criminal liderada por García Luna, que operó desde 2011 hasta 2019 y utilizó empresas fachada para saquear el erario público.
Genaro García Luna se encuentra actualmente en prisión en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por proteger al Cártel de Sinaloa. Además de las órdenes de aprehensión, la FGR ha solicitado la cooperación internacional para recuperar los bienes saqueados y buscar la devolución de los fondos a la nación. Ante la espera por una sentencia, no se descarta la posibilidad de que García Luna llegue a cooperar con las autoridades estadounidenses como testigo.
Este escándalo de corrupción ha generado una particular conmoción en la esfera política mexicana, al tratarse de un funcionario directamente vinculado con el poder ejecutivo del último sexenio panista, donde el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa aún se ha expresado creyente de la inocencia de García Luna. Mientras tanto, un numeroso sector de la sociedad, espera con ansia que sean las propias autoridades de este país quienes normalicen el enjuiciamiento y sentencia de ex funcionarios corruptos.
Esto en contraste con lo que ocurre en la actualidad, cuando han sido las cortes internacionales —principalmente la estadounidense—las que han destinado esfuerzos para llevar hasta el banquillo de los acusados tanto a miembros del crimen organizado como a altos cargos de anteriores sexenios. Donde incluso, el caso del Salvador Cienfuegos ha creado aún más dudas sobre la impartición de justicia en México.
Con este historial de injusticia en su haber, la fiscalía ha respondido exponiendo esta red de corrupción liderada por García Luna y sus asociados, Jonathan Alexis Weinberg y Mauricio Samuel Weinberg, prestanombre que se habrían encargado de canalizar fondos a empresas controladas por García Luna a través de diez contratos que alcanzaron al condicionada cifra de más de 5 mil millones de pesos.
El futuro del caso García Luna podría llegar a involucrar a nuevos acusados a nivel nacional e internacional
La Fiscalía General de la Nación ha emitido alertas rojas para quienes se encuentran actualmente fuera del país, incluidos particulares y funcionarios públicos. Este caso es independiente de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre un fraude multimillonario que involucra a García Luna, la policía federal y sus socios y empresas.
Durante su juicio los fiscales estadounidenses alegaron que los actos de corrupción cometidos por el secretario de seguridad habían sido realmente descarados, hasta llegar al punto de aceptar decenas de millones de dólares, a menudo dentro de maletines. La evidencia en su contra incluía talones de pago, aunque no llegó a quedar claro si pertenecieron a trabajos oficiales, consultoría del sector privado, pagos de cárteles u otros sobornos.
Los fiscales aseguraron que García Luna continuó viviendo de sus ganancias producto de estas actividades ilícitas, incluso después de mudarse a Estados Unidos, donde posteriormente sería arrestado en 2019. No obste que su defensa argumentó que esta riqueza provenía de negocios legítimos, finalmente se le declararía culpable el pasado febrero de este mismo año.
