Con el afán de proteger a las instituciones de salud, ya sea públicas o privadas, de ser víctimas de la delincuencia propongo una adición al artículo 212 del Código Penal que sancione a los ejecutores de robos.
Y es que la protección de los activos de las instituciones de salud, bienes, insumos, medicamentos y equipo, es vital, puesto que los robos comprometen la capacidad de brindar atención a los pacientes.
El robo de bienes en instituciones de salud no solo tiene consecuencias en la atención médica, sino también en el aspecto económico.
Estas pérdidas financieras obligan a las instituciones a destinar recursos adicionales para reponer los artículos sustraídos.
Por ende estos recursos podrían haberse utilizado para mejorar la infraestructura, adquirir tecnología médica avanzada o capacitar al personal, lo que finalmente limita el crecimiento y la modernización de las instalaciones de salud.
El robo de insumos médicos y equipo de protección afecta directamente la calidad de la atención médica. La falta de recursos esenciales puede retrasar procedimientos médicos, comprometer la seguridad del personal y poner en riesgo la vida de los pacientes. La disminución de la disponibilidad de medicamentos también puede afectar el tratamiento y la recuperación de los enfermos, generando un impacto negativo en la eficacia de los servicios de salud.
En este tenor, existe un segundo problema por el robo de medicamentos, por ejemplo durante la pandemia el robo de medicamentos se disparó 82.5 por ciento
Alrededor de 8 millones de personas consumen medicamentos robados, que en ocasiones están caducos, por lo que significan un riesgo para la salud.
El personal médico y administrativo se ve afectado negativamente por el robo de bienes. La falta de insumos esenciales crea un ambiente de trabajo tenso y desmotivador. El personal puede experimentar estrés adicional al tratar de brindar atención de calidad con recursos limitados. La desconfianza y la falta de seguridad en el entorno laboral pueden afectar la moral del equipo y, en última instancia, repercutir en la atención al paciente.
Si abordamos este problema, aseguramos la implementación de medidas preventivas efectivas.
Estas incluyen la instalación de sistemas de seguridad, la supervisión constante de inventarios, la realización de auditorías periódicas y la creación de una cultura organizacional que promueva la integridad y la responsabilidad.
Además, la colaboración con las autoridades locales y la implementación de sanciones severas para aquellos que participan en el robo pueden disuadir este comportamiento.
El robo de bienes en instituciones de salud es un desafío que debe abordarse de manera integral para garantizar la calidad de la atención médica.
Las consecuencias negativas, tanto en términos de atención al paciente como en aspectos económicos y de personal, subrayan la importancia de implementar medidas preventivas y promover una cultura de integridad. Solo mediante esfuerzos coordinados entre las instituciones de salud, el personal y las autoridades competentes se podrá preservar el patrimonio necesario para ofrecer servicios médicos eficientes y seguros.
