El Congreso de Chihuahua hizo un llamado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con el fin de que implementen y/o fortalezcan las campañas de difusión para la protección de los derechos de las personas usuarias que son obligadas a pagar comisiones de venta por usar tarjetas de débito o crédito, así como para denunciar a los negocios que incurren en estas faltas.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante de la Comisión de Comisión de Economía, Industria y Comercio, al presentar el dictamen ante las y los integrantes de la Diputación Permanente para su votación, refirió que la petición surge de la iniciativa presentada por la diputada Georgina Zapata, quien urgió al establecimiento de lineamientos necesarios para que las personas usuarias de los instrumentos referidos, conozcan sobre la prohibición de los cargos mencionados.
La modernización y el constante uso de las tarjetas de crédito y débito, son herramientas de beneficio tanto para el cliente como para el negocio que las aceptan, para este último, tiene la ventaja de que los cobros efectuados se depositan directamente a las cuentas del mismo, evitando el riesgo de tener el capital de las ventas en físico, así como el costo que representa el traslado de dicho capital para su resguardo.
Pérez Reyes enfatizó que en ocasiones cuando se realiza un pago con alguna tarjeta bancaria, algunos establecimientos comerciales suelen cobrar una comisión (desde el 3% al 5% sobre el valor total de la compra o servicio), lo que contraviene a lo señalado en el contrato para el uso de terminales punto de venta, en el que se plasma que el pago de dicho servicio no debe repercutir en el costo de los bienes y servicios que promueven dichos establecimientos.
La acción referida, da un mensaje erróneo de que pagar con una tarjeta de débito o crédito, resulta más caro que pagar en efectivo; además, de acuerdo a la CONDUSEF, este tipo de prácticas son indebidas, al condicionar la aceptación de esta forma de pago, a la par de resultar onerosas para la persona titular de las tarjetas.
Es por todo lo antes mencionado que se hace la petición para que se fortalezcan las campañas de difusión para la protección de los derechos de las personas usuarias que son obligadas a pagar las comisiones antes mencionadas.
