Cuando uno analiza las condiciones en que viven los menores de edad en la orfandad, o los retos que tienen incluso estando tutelados por la autoridad, se da cuenta que persisten muchos vacíos que dificultan su sano desarrollo.
No solo en el aspecto físico, sino en lo emocional o lo afectivo, por el simple hecho de crecer sin una figura paterna o materna. Entonces, para lograr ciudadanos exitosos debemos trabajar todas y todos.
Por tal motivo he propuesto fortalecer la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, a fin de garantizar la protección, integridad y tratamiento psicológico de menores de edad en situación de orfandad.
Esta propuesta permitirá que el estado intervenga en la situación tan dolorosa, cuando los menores se enfrentan al feminicidio de su madre, al homicidio de alguno de sus padres o de ambos.
Y por eso es fundamental que las autoridades estatales y municipales actúen de manera inmediata y decidida para garantizar su protección, integridad y bienestar psicológico.
La propuesta aborda el hecho de brindar apoyo psicológico y emocional adecuado a los menores afectados, proporcionándoles un espacio seguro donde puedan expresar sus sentimientos y recibir el acompañamiento necesario para superar el trauma causado por la pérdida de sus seres queridos.
Con la intervención de equipos profesionales en la salud mental, duelo y trauma infantil.
Un aspecto importante es apoyar a esta infancia con medidas de protección que garanticen la seguridad física y emocional con la posibilidad de asignar tutores legales responsables de velar por sus intereses y necesidades.
En este sentido, el Gobierno debe echar mano de la coordinación con otros organismos y organizaciones de la sociedad civil para generar un trabajo conjunto.
La autoridad debe comenzar a preocuparse por promover su reincorporación a la vida cotidiana y su inclusión en la comunidad, brindándoles acceso a la educación, la salud, la recreación y otras actividades que les permitan desarrollarse plenamente como individuos.
Esto conlleva que se implementen programas socioeducativos y de integración, para ellos, y al público en general la sensibilización de la importancia de apoyar a estos menores en su proceso de recuperación y adaptación.
Se calcula que en nuestro país hay aproximadamente 800 mil niñas, niños y adolescentes que han perdido a su padre, madre o ambos, como producto de la violencia por el crimen organizado que hay en el país.
Por eso quiero destacar que frente a situaciones tan dolorosas como la orfandad por feminicidio o homicidio de padres, es necesario que las autoridades estatales y municipales actúen con celeridad y responsabilidad para garantizar la protección y el bienestar de los menores afectados.
Solo a través de un enfoque integral y coordinado se podrá brindar el apoyo necesario para que estos niños y adolescentes puedan superar el trauma y reconstruir sus vidas de manera positiva y esperanzadora.
El decreto quedaría así: Artículo 55 Bis.- En los casos de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de su madre, el homicidio de alguno de sus padres o de ambos, las autoridad estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán implementar acciones específicas y medidas cautelares inmediatas para garantizar la protección, integridad y tratamiento psicológico del menor, así como su reincorporación a la vida cotidiana y el ejercicio pleno de los derechos establecidos en esta ley.
