El secretario de Hacienda indicó que México necesita mover recursos públicos y privados para transitar al desarrollo sostenible.
Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que México requiere de 1.7 billones de pesos anualmente para impulsar la agenda de desarrollo sostenible de aquí hasta el 2030.
“A nivel nacional, las estimaciones indican una necesidad de financiamiento para transitar hacia un desarrollo sostenible de alrededor de 1.7 billones de pesos, equivalentes a movilizar 7% del producto interno bruto (PIB) anualmente hasta 2030”, declaró el economista mexicano.
“Por eso resulta apremiante incrementar y reasignar recursos financieros públicos y privados hacia actividades económicas y proyectos bajos con emisiones y mayor rentabilidad social”, dijo el funcionario en la presentación de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible.
Durante la presente administración se han llevado a cabo acciones estratégicas, que han colocado a México como país líder en América Latina en materia de movilización de financiamiento sostenible, comentó el titular de la SHCP.
Un claro ejemplo es la movilización de deuda sostenible con el cual se han logrado movilizar alrededor de 722 mil millones de pesos entre el gobierno federal, subnacional, la banca de desarrollo y el sector privado, expresó.
Añadió que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se han emitido bonos sostenibles en 10 ocasiones y en mercados internacionales en euros, dólares y yenes, así como en el mercado local, por un monto de 240 mil millones de pesos.
“Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos hemos dado a la tarea de impulsar una política financiera y económica en favor de la personas priorizando a las más vulnerables e históricamente rezagadas”, comentó Rogelio Ramirez de la O.
Atender las necesidades de la población requiere eliminar brechas sociales de pobreza y desigualdad, así como generar oportunidades de crecimiento y desarrollo con enfoque de sostenibilidad y respetando los principios de justicia social, añadió el encargado de vigilar las finanzas públicas.
Son justamente las poblaciones y comunidades rurales las que presentan un alto grado de vulnerabilidad ante el fenómeno del cambio climático, destacó.
