Autoridades mexicanas localizaron 393 cadáveres enterrados en 174 fosas clandestinas durante el primer semestre de 2021, de acuerdo con un reporte que presentó este miércoles el gobierno respecto a la búsqueda de personas desaparecidas en el país.
Estos hallazgos representan una disminución frente al mismo lapso de 2019 y 2020, cuando fueron localizadas 408 y 297 tumbas, respectivamente.
En conferencia de prensa, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, aceptó que este es un fenómeno que subsiste en el país, aunque se han encontrado un menor número de fosas en relación con años anteriores. Señaló que la reducción no implica que hayan disminuido las labores de búsqueda.
“Durante el primer semestre del presente año se registró una tendencia a la baja en el hallazgo de fosas clandestinas, lo cual es un resultado optimista”, señaló el funcionario y especificó que a la fecha hay 89,488 personas reportadas como desaparecidas.
El informe detalló que de diciembre de 2018, cuando el actual gobierno mexicano tomó posesión, a la primera mitad de 2021, se han localizado 1,749 entierros, de los que se han recuperado 3,025 cuerpos.
Los municipios con el mayor número de hallazgos en ese período pertenecen a los estados de Colima (oeste), Veracruz (este), Guerrero (sur), Guanajuato (centro), Sinaloa (noroeste) y Sonora (norte).
En México, fuertemente golpeado por la violencia del crimen organizado, son comunes los hallazgos de fosas clandestinas.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que 2006, cuando el gobierno federal de entonces lanzó un polémico operativo militar antidrogas, fue un punto de inflexión en el incremento de la violencia en el país.
Desde entonces, más de 300,000 personas han sido asesinadas en México, según cifras oficiales, que no precisan cuántas de esas muertes están ligadas a actividades criminales o a la lucha contra el narcotráfico.
El gobierno federal comenzó a integrar el primer registro nacional de fosas comunes y fosas clandestinas que se nutre con información que aporta la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados y de los colectivos de víctimas de desaparición.
