“Tenemos una Constitución subordinada a la Suprema Corte”, advirtió en la ceremonia de investidura como ministra de la Corte, efectuada en el Salón de Plenos y en donde Batres recibió de la ministra presidenta, Norma Piña, la toga como nueva integrante del máximo tribunal del país.
En sesión solemne conjunta de los plenos del Alto Tribunal, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la nueva ministra se propuso un fuerte activismo judicial en pro de derechos y de la impartición de justicia pronta y expedita.
“Se esperaría un fuerte activismo judicial de una Corte sensible al principal problema del país que desde hace un cuarto de siglo nos aqueja (la inseguridad). Lejos de ello tenemos a una Corte enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas que incluso involucran afectaciones al orden público y al orden social”, expuso en su discurso inicial.
Entre esas decisiones, criticó que se hayan invalidado normas en materia eléctrica y electoral. A su juicio, en el máximo tribunal no debieron invalidar leyes “que buscan proteger los bienes nacionales, caso de la Ley de Industria Eléctrica o distribuir el poder como la ley de instituciones y procedimientos electorales”.
Criticó decisiones “por presunta inconstitucionalidad, por irregularidades de procedimiento legislativo” pues dijo que la Constitución indica que debe privilegiarse la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales, y “el Poder Judicial no lo está cumpliendo”.
“Esta SCJN se está extralimitando”, y el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado “a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia y la Corte se ha colocado por encima de la Auditoría Superior de la Federación impidiendo efectuar auditorías de desempeño”, refirió.
“Ejerce poderes expresamente vedados en la ley como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de Inconstitucionalidad”, en contra de lo que prevé el artículo 105 de la Constitución y ha creado instancias “sin sustento constitucional” y eso prolonga los procesos.
“Se ha adjudicado facultades para legislar y determinar la reviviscencia de normas expresamente derogadas por el Congreso”, añadió Batres a sus reclamos.
Entre ellos el que “desde hace 14 años ha incumplido los límites a las remuneraciones para sujetarse al tope de ingreso presidencial”, que entró en vigor en 2010.
“La insistencia en este tema no responde a ideales o visión partidista, simplemente, considero, nos corresponde acatar la Constitución”.
Y expuso: “tenemos una Constitución subordinada a la Suprema Corte. Al grado que se escucha a litigantes decir ¿y qué indica la Constitución al respeto? Lo que diga la Corte”.
Discurso de Lenia Batres
Entre los temas abordados en su discurso, abordó la materia de derechos y garantías penales; al respecto, demandó privilegiar la presunción de inocencia, derecho a recibir sentencia y a contar con tribunales imparciales para contar con justicia pronta y expedita.
“No tenemos un problema ideológico sino una responsabilidad de Estado para proporcionar a la sociedad mexicana seguridad ciudadana, investigación de delitos y sentencias justas”, dijo.
En una parte de su discurso, refirió que ya la han llamado ministra del pueblo.
“Ministra del pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece”, detalló.
Antes, la ministra Yasmín Esquivel Mossa hizo uso de la palabra para darle la bienvenida y dar datos biográficos de la nueva ministra.
Destacó la formación social que los cinco hermanos Batres recibieron de sus padres, Cuauhtémoc y Rosario: “Don Cuauhtémoc he aquí el fruto de la formación de sus cinco extraordinarios hijos”.
Resató que tres de ellos están dedicados al servicio público: Martí, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Valentina, diputada local de la ciudad; Viétnika es periodista y Olinamir artista, y a partir de este jueves Lenia como ministra.
Acudieron, además, diputados y senadores de Morena, la consejera jurídica presidencial, María Estela Ríos, y funcionarios del gobierno de la ciudad.
