Tras la invalidación al llamado ‘plan B’ electoral, AMLO acusó a los ministros de la SCJN de actuar con fines políticos y de tener intromisión en otros poderes.
Los comicios del próximo año se realizarán con el marco legal actual y la estructura que posee el Instituto Nacional Electoral.
Se trata de cambios a tres leyes y la creación de una, todas aprobadas por el Congreso de la Unión en febrero pasado y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo.
El ministro ponente, Javier Laynez, explicó que los legisladores cometieron graves violaciones al proceso legislativo, por lo que propuso la invalidez del decreto. “Que todo ello amerita la necesidad de omitir ciertos trámites parlamentarios, sobre todo, el trámite de dictaminación, por lo que, igual que en el precedente (primera parte del plan B), se considera acreditada esta violación al proceso legislativo”, explicó.
Agregó que dos violaciones más confirmaron el carácter invalidante del decreto, al verse afectada la deliberación democrática y el proceso legislativo.
Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel votaron contra el proyecto, argumentando que los errores del Congreso no afectaban la validez de las reformas y que la Corte no debe involucrarse en los procesos legislativos.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acabó con la posibilidad de que el proceso electoral de 2024 se realice con un nuevo marco legal y una estructura diferente a la que actualmente tiene el Instituto Nacional Electoral (INE).
Nuevamente, con una mayoría de nueve votos contra dos, el máximo tribunal declaró la invalidez del decreto con las reformas que integran la segunda parte del llamado plan B de la reforma electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de las reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), de Partidos Políticos (LGPP), a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, aprobadas por el Congreso el 22 de febrero de 2023 y publicadas en Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo.
El ministro ponente, Javier Laynez Potisek, explicó que, como con la primera parte del plan B, con las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, desechada el 8 de mayo pasado, el Congreso de la Unión cometió graves violaciones al proceso legislativo, por lo que propuso la invalidez del decreto.
“Que todo ello amerita la necesidad de omitir ciertos trámites parlamentarios, sobre todo, el trámite de dictaminación, por lo que, igual que en el precedente (primera parte del plan B), se considera acreditada esta violación al proceso legislativo”, explicó.
Agregó que hubo dos violaciones más, que confirmaron el carácter invalidante del decreto, al verse afectada la deliberación democrática y el proceso legislativo.
“Por lo tanto, se proponen sustancialmente, fundados los conceptos de invalidez y se propone la inconstitucionalidad total del decreto”, afirmó el ministro Laynez Potisek.
