A casi nueve años de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, jueza gira orden de aprensión contra 16 militares, un coronel entre ellos.
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. – Jueza federal gira 16 ordenes de aprehensión contra el mismo numero de militares vinculados con la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa.
A casi nueve años de los trágicos eventos de Ayotzinapa, Raquel Ivette Duarte Cedillo, Jueza Segunda de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México, emitió dichas órdenes de captura por delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Cabe señalar que la mayoría de estos mandamientos judiciales concedidos por la jueza a la Fiscalía General de la República (FGR), están dirigidos en contra de soldados que componen los Batallones 27 y 41 de Infantería. Uno de los nombres que destaca es el del coronel Rafael Hernández Nieto, ex comandante del Batallón de Infantería 41, con sede en Iguala, Guerrero.
El resto de los militares que serán procesados con respecto al caso Ayotzinapa son: Enrique Martínez Chávez, Ezequiel Carrera Rifas, Eloy Estrada Díaz, Felipe González Cano, Francisco Naváez Pérez, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Joel Gálvez Santos, Juan Sotelo Díaz, Juan Andrés Flores Lagunes, Oscar Cruz Román, Omar Torres Marquillo, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Santiago Muñoz Pilo y Uri Yashiel Reyes Lazos.
Estas aprensiones ya habían sido giradas en agosto del año pasado, 2022. Sin embargo, fueron inesperadamente canceladas por orden de la propia Fiscalía, misma que arguyó una falta de pruebas, omisiones y demás irregularidades.
Dicho suceso fue el motivo de la renuncia de Omar Gómez Trejo, el Fiscal Especializado para el caso Ayotzinapa. Coincidiendo al mismo tiempo con la renuncia de dos de los expertos independientes que investigaban el caso. “Esto no quita que la investigación continúe, y no hay impunidad” refirió en aquel entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una herida que no termina de cerrar
A casi nueve años de la desaparición forzada de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, el trágico suceso se mantiene como uno de los peores casos de violación de los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país.
Sucedido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año 2014, en Iguala Guerrero, los hechos ocurrieron previo a la conmemoración del 2 de octubre. Evento en el cual los estudiantes desaparecidos de la escuela Isidro Burgos, de entre 17 y 25 años de edad, entre otros, pretendían participar. Motivo por el cual se dirigieron esa noche a la capital del estado, con la finalidad de tomar algunos autobuses.
Si bien aquella no era la primera vez que un grupo de estudiantes realizaba tal acción, lo que sí marcó la diferencia fue las violenta reacción de la autoridades municipales contra ellos. Autoridades que, vinculadas con civiles pertenecientes al grupo criminal denominado como Guerreros Unidos y otras corporaciones, abrieron fuego contra los muchachos con el fin de impedirles salir de la ciudad con los camiones.
Tras una madrugada en la que la población de Iguala fue víctima por igual de las agresiones cometidas por estos grupos, seis fueron los ejecutados, 40 los lesionados, más de 180 víctimas directas de violaciones de derechos humanos y poco más de 700 víctimas indirectas, ademas de cinco autobuses detenidos y 43 estudiantes de quienes nada se ha vuelto a saber hasta la fecha en que se redacta el presente artículo.
Un tema incómodo para el gobierno de la 4T
Luego de asumir la presidencia de la república, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió tomar la resolución del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa como una de las prioridades de su gobierno. Sin embargo, con poco más de un año para concluir su mandato y múltiples dificultades para avanzar en el esclarecimiento del mismo, este suceso se convertido en uno de los más fastidiosos para el gobierno de la Cuarta Transformación.
(Con información de Aristegui Noticias, The New York Times y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez A.C.).
