El arresto de Jorge Glas se dio al interior de la Embajada de México, lo que provocó que nuestro país rompiera relaciones diplomáticas con Ecuador.
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador (CNJ) declaró que la detención de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, fue ‘ilegal y arbitraria’, la cual ocurrió el pasado 5 de abril tras el asalto policial de Ecuador en la Embajada de México en Quito, en donde Glas se encontraba refugiado.
Sin embargo, Jorge Glas deberá de permanecer en prisión debido a que tiene todavía pendiente por cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas vigentes emitidas en años pasados. Su defensa solicitó un habeas corpus, señalando que la detención había sido ilegal, y pedía que Glas fuera entregado a México, que le concedió asilo, o a otro país que se comprometiera a brindarle asilo.
A pesar de que sí declaró la corte que ocurrió una detención ilegal y de acuerdo a sus abogados la petición del recurso de habeas corpus con el que Glas buscaba que se le anulara su detención le fue concedida, no pudo quedar en libertad, precisamente por la pena pendiente que debe cumplir.
“Correspondería disponer la inmediata libertad de la persona afectada, pero existen sentencias condenatorias de cosa juzgada”, determinó el tribunal, pues el exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) había salido de la cárcel en 2022 sin terminar de cumplir las condenas pendientes, gracias a una polémica resolución judicial de medidas cautelares.
Qué penas tiene pendientes Jorge Glas
Jorge Glas fue condenado en 2017 a seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 a ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos, sobre la financiación irregular del movimiento político correísta, en el que también fue condenado el expresidente.
Recientemente había conseguido aglutinar las dos penas para cumplir sólo la de ocho años y buscaba el beneficio penitenciario de la ‘prelibertad’ para no tener que regresar a prisión al haber cumplido la mayor parte de la pena, tras haber estado encarcelado cerca de cinco años entre 2017 y 2022, pero este le fue denegado.
No obstante, Glas fue capturado por tener una orden de prisión preventiva dentro del caso de las obras de reconstrucción tras el fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos), un delito que en el código penal ecuatoriano se castiga con entre 10 y 13 años de prisión.
El tribunal validó la orden de detención al haberse dado dentro de los parámetros que contempla la normativa ecuatoriana, con suficientes elementos de convicción sobre el cometimiento del delito y un riesgo de fuga existente, pues en ese momento Glas ya estaba alojado en la embajada de México.
El ex vicepresidente se encontraba en la sede diplomática mexicana desde el 17 de diciembre de 2023 para solicitar asilo al declararse un perseguido político y víctima de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), pues se considera inocente de todas las acusaciones en su contra.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le concedió el asilo el 5 de abril, en medio de una crisis diplomática con Ecuador, y horas después se produjo el asalto a la embajada de las fuerzas policiales y militares ecuatorianas para detener a Jorge Glas.
