Joaquín Sotelo y sus tres preguntas…
Miguel La Torre y su respuesta al CAM…
Lalo Baca acude a explicarles a diputados…
Congreso obligado a responderle a Marcelo…
Altozano sin agua para abrir fraccionamiento…
El consejero de la Judicatura Estatal, Joaquín Sotelo parece perro de caza y no está dispuesto dejar pasar las cosas como si nada, él sabe que todo el proceso de la elección de más de 50 jueces y varios magistrados es un enorme fraude, que debería dar píe a sanciones administrativas, pero también a condenas penales y por eso además de no permitir que Pablo Héctor González le de carpetazo y que meta a la congeladora un caso claro de corrupción de múltiples implicaciones sigue mordiendo y peleando con todo lo que tiene.
Por eso el pasado mes de septiembre impugnó la resolución de la fiscalía anticorrupción, dictamen que demuestra que “La Tablita” Gema Guadalupe Chávez, tiene una muy falsa convicción anticorrupción, pues ante un hecho innegable de corrupción, prefirió cerrar los ojos y hasta se puede decir que se volvoó complice de tremendo atraco que volvió a sufrir el sistema de justicia en la entidad.
De Pablo Héctor podemos decir que la realidad que le explota en la cara lo pinta de cuerpo completo y demuestra que vivir de rodillas con los ojos cerrados, los pantalones abajo, es su posición preferida, pero eso sí, con la mano derecha extendida para recibir el óbolo que paga su desvergüenza.
Ante la negativa de Pablo Héctor de hacer justicia, ante la negativa de Gema Guadalupe de perseguir la corrupción, el consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo, que fue el que les levantó las enaguas y demostró la suciedad que hay en ese proceso, envió en su calidad de denunciante, un documento en donde le pide a Sergio Castro Guevara, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate -encubrimiento es la verdad- a la Corrupción, que detalle algunos puntos de la resolución que emitieron el pasado 29 de agosto.
Y Joaquín pide le aclaren el tema de las “irregularidades” que dicen encontraron en ese proceso de selección y elección de jueces y magistrados y centra su solicitud en tres puntos:
1.- Primeramente, aclarar si dichas irregularidades se refieren a las Etapas 2, 3 y 4 de ambos Concursos convocados mediante Convocatorias Nos. CJE/002/2018 y CJE/003/2018;
2.- Así mismo, aclarar a que irregularidades específicamente se refiere, mencionando con mayor precisión y de forma más concreta las irregularidades encontradas, y;
3.- Por ultimo, aclarar las razones por las que considera que no trascienden el sentido de la resolución.
Los que saben del caso y todas sus etapas, de igual forma los que entienden de leyes, saben a la perfección que esa solicitud de aclaración enviada por Joaquín es una bomba atómica y que encuera la realidad de ese atraco al poder judicial.
La otra forma de explicar lo que el consejero de la Judicatura está pidiendo, es equiparar esa solicitud con la que envió hace unos años al Congreso del Estado Rodolfo Leyva, cuando logró que un juez ordenara a los diputados fundamentaran y motivaran su votación cuando lo dejaron fuera del Ichitaip en el 2008, solicitud que obligó al Congreso del Estado a reponer todo el proceso y hacerlo con una pulcritud nunca antes vista y nunca después repetida.
Pues bien, hoy la pelota está en la cancha de “La Tablita” Gema Guadalupe y su respuesta debe de ser cuidada en todos sus aspectos, en todos sus párrafos, en todos sus renglones, con una pulcritud legal que no deje una sola duda, pues de ello depende que se salven de la chamusquina o que de plano los encueren aún más y no solo ante la opinión pública, pues deben de tener claro que su respuesta tendrá implicaciones legales mucho, mucho muy graves para ella, para Pablo Héctor y otros más que están embarrados… y que hay prueba de ello, pero esas se las contamos luego…
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En la pasada entrega señalamos que el grave problema con la resolución al pleito por la construcción del CAM en el Santo Niño, era la politización del tema y que ese era el camino más incorrecto que podían seguir.
Pues bien, apenas el juez de distrito había señalado que no había nada legal que pudiera impedir la construcción de ese Centro de Atención Múltiple, echando abajo un amparo, para cuando desde una oficina de la administración amanecida buscaban que se atacará al senador Cruz Pérez Cuellar, al que querían que se le señalara de todo, por las opiniones que él vertió sobre ese asunto y porque se puso de lado de los vecinos que eran los que se quejaban de esa obra.
Y mientras desde esa oficina amanecida dirigían sus baterías contra el senador Cruz Pérez, este martes el diputado local panista Miguel La Torre Sáenz, con una declaración volvió a prender la hoguera, cuando en conferencia de prensa acompañado de varios vecinos del Santo Niño, dijo: “No abandonaremos la lucha” y es que el pleito legal sigue, pues el Juez de distrito solo resolvió sobre uno de los amparos, pero todavía quedan dos amparos más que no se han resuelto.
La pregunta que queda en el aire, es saber si los amanecidos serán tan bravos, tan obcecados, que iniciaran una cacería en contra de “los de casa”, por atreverse a estar en contra de la administración, sin detenerse a pensar si ese pleito, aún ganándolo, les va a dejar algo bueno, pues ya es un tema maldito y que no entienden que la mejor solución es solucionarlo para encontrar la paz ya que “ganarlo”, solo les asegura mas guerra…
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Este martes Lalo Baca, el presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja acudió al Congreso del Estado para charlar con los diputados de la Comisión de Programación y Presupuesto para aclarar lo que Arturo Fuentes Vélez secretario de Hacienda estatal de plano no pudo, en relación a cambiar de estatus legal la aportación anual a la Cruz Roja.
Lalo hizo una explicación la mar de sencilla a unos diputados que se mostraban preocupados de que la reforma que les propusieron fuera a afectar a esa noble institución.
Y la explicación es muy sencilla, hasta el día de hoy, cada año, el gobierno del Estado tenía que incluir en su presupuesto y ley de ingresos el impuesto especial de apoyo a la Cruz Roja, el cual se cobra en la revalidación vehicular, de tal forma que la Cruz Roja no es sujeto a créditos y esa cosas, pues sus ingresos estaban supeditados a que el gobernador en turno aceptará o no incluir ese impuesto especial.
Claro que no ha habido nadie que se oponga a ese impuesto especial, ni se pudiera pensar que hubiera algún gobernador que se le ocurriera desaparecer ese impuesto especial. Pero al no ser un impuesto “establecido” y mantenerse como “especial” afecta a la Cruz Roja en el sentido de que sus operaciones financieras y de adquisiciones, están supeditas a solo adquirir lo que pueden pagar en un año, pero si lo convierten en un impuesto “establecido” ya por ley, ya no depende de si el gobernador en turno lo quiere agregar o no en su ley de ingresos y en su presupuesto de egresos.
Pero para colmo, cambiar de estatus esa aportación, le permite al propio gobierno estatal que “ese ingreso” se le deje de contabilizar al estado como un ingreso propio, que luego tiene que “donar” a la Cruz Roja, es decir se evitaría el punteo administrativo de esos recursos.
Al final hay que decir que bien por el amigo Lalo Baca, que bueno que convencieron al gobernador de hacer ese cambio y ojalá y que los diputados locales lo entiendan y lo aprueben…
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Ya que estamos en patios del Congreso del Estado, el lunes fueron los abogados de Marcelo González Tachiquín a presentar un juicio de procedencia en contra del César Augusto Peniche Esquivel, Fiscal General del Estado y mientras algunos que ya están convertidos en cajas de resonancia de Palacio, salieron de inmediato a decir que esas denuncias fueron “bateadas” por el Congreso, ayer la diputada panista Georgina Bujanda Ríos, en su calidad de presidenta de la “Comisión Jurisdiccional”, la próxima semana estará analizando esa solicitud para darle respuesta legal.
Geo explicó que el asunto ya lo trataron con la Secretaria Técnica del Congreso para que les dejaran en claro cuál es el proceso que deben de darle a esa solicitud.
Cabe recordar que fue el propio Marcelo González Tachiquín quien en sus redes sociales señaló que los cinco delitos de los que acusa al fiscal Peniche, son:
“Primer delito: Me extorsionó (se agregan transferencia electrónica, disposiciones bancarias y un año de mensajes de whatsapp).
Segundo delito: Otorgó ilegalmente ventajas y protección a testigos falsos que declararon en mi contra y único fundamento que han usado los jueces de consigna para mantenerme preso (se agregan los documentos firmado por el sr. fiscal así como el video donde en audiencia, un juez declara ilegales dichas protecciones).
Tercer delito: Protegió a delincuentes confesos y no los procesó penalmente o bien facilitó su liberación a cambio de declarar falsamente en mí contra (se agrega video de la audiencia en donde el MP acepta haber omitido procesarlos).
Cuarto delito: Amenazas e intimidaciones diversas (se agregan constancias notariadas de mensajes de whatsapp).
Quinto delito: Me discriminó, ya que toda esta persecución política ha sido motivada por mi ideología y mis decisiones políticas (se agregan declaraciones públicas del señor gobernador, su esposa y diversos funcionarios en donde se expresaron despectivamente de mí, condenándome anticipadamente)”.
Lo anterior lo detalla Marcelo González Tachiquín en sus redes sociales en donde ademas afirma que cuando menos tres o cuatro de sus excolaboradores están siendo presionaos de manera ilegal por la Fiscalía General del Estado, para obligarlos a que declaren en su contra.
Así que el pleito se está poniendo mucho muy bueno y los diputados deberán de tener en claro que un falló sin el sustento legal sobre el tema, los pondría a ellos en la picota, así que también ellos tendrán que recordar aquello de fundamentar y motivar a la perfección su respuesta legal…
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Los del fraccionamiento “Altozano un Nuevo Chihuahua”, están otra vez entre la espada y la pared, su desarrollo inmobiliario no tiene agua, no tienen forma de cubrir las necesidades de las vivienda que están construyendo y lo saben y a pesar de eso siguen vendiendo casas y departamentos y desde ahora está claro que los incautos que compren en ese lugar solo están comprando un pleito y un gran problema.
Los de Altozano, vilmente engañan a los que van a comprar con ellos, al asegurar que el asunto del agua ya está resuelto con un pozo que tienen a su servicio, pero nunca aclaran que con ese pozo no alcanza para cubrir todas las necesidades de ese desarrollo.
Venden con la intención clara de que el problema sea de quienes compren, es decir, se están portando de forma corriente y altamente ruin, pues esperan que el problema explote y que los que ya habiten esas casas y departamentos sean los que presionen a las autoridades para que los doten de agua, cuando esa obligación es del desarrollador.
Varias fuentes consultadas al interior de la Junta Municipal de Aguas, dejaron en claro el asunto, cuando señalan que Altozano solo tiene agua suficiente para la construcción, pero no tienen agua para dotar a esas viviendas cuando ya están habitadas, incluso dicen que hay un estudio que señala que van a empezar a batallar para dotar de agua al “Club” que ya inauguraron y que lo están usando como gancho para atraer más compradores.
El asunto es tan grave que tanto las autoridades municipales y las estatales deben entrarle al asunto y no solamente pensando como socios o cómo posibles aliados del gran capital que está detrás de Altozano, deben de entender a la perfección que ese desarrollo inmobilario pone en riesgo a la ciudad por el agua que se tendrá que usar ahí o si hicieran las cosas bien, tendrían que entender que cientos de ciudadanos están siendo estafados y ellos cierran los ojos o simplemente vuelven la vista hacia otro lado…
