Fue el pasado día 20 de marzo cuando el Poder Judicial de la Federación otorgó la suspensión definitiva en el amparo que el magistrado Jorge Ramírez y sus abogados presentaron, con lo cual él debería de ser restituido en su encargo como Magistrado de la Primera Sala Penal del poder Judicial de la Entidad, pero el Tribunal Superior de Justicia sigue sin aplicar la ley, lo que podría llevarlos a caer en desacato.
Cabe señalar que “las resoluciones se cumplen en cuanto se dictan; si no valen menos que el papel en el que se imprimen las consideraciones del juzgador”, señala un magistrado que prefirió no se citará su nombre, cuando se le interrogó sobre el tema en cuestión.
Es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua no tiene excusa para mantener la “suspensión” sobre Ramírez y en caso de continuar en esa postura, podrían caer en desacato.
Al momento de preguntar si el TSJ pudiera caer en desacato cuál pena alcanzaría el culpable, señalan que sería la destitución inmediata del cargo, además de uno a dos años de prisión y una multa de diez mil pesos.
En el caso del TSJ, la medida se aplicaría en contra del Magistrado Presidente, por ser el depositario de ese poder y además se ordenaría la reposición inmediata del magistrado Jorge Ramírez, a quien tendrían que entregarle completos sus sueldos caídos y demás emolumentos.
Cabe señalar que el caso de Jorge Ramírez es una investigación realizada por la Fiscalía General del Estado, que señala que del 2010 a 2018 el magistrado acumuló más de 10 millones de pesos que no se justifican con sus ingresos como funcionario público, esto mediante cuantas bancarias, adquisiciones de casas, lotes, vehículos y pago de créditos en efectivo.
Desde el 2017 se han liberado tres órdenes de aprehensión, la última de ellas data del 20 de diciembre del 2020, fecha en que Jorge Ramírez fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ser trasladado a la entidad y tras ello se le dictó la medida cautelar de libertad condicionada y luego gano en la corte federal el amparo definitivo, pero las autoridades locales se niegan a cumplir con ese dictamen.
