El magistrado Jorge Ramírez Alvídrez solicitó de manera formal a la Jueza Octava de Distrito en el Estado de Chihuahua, Adriana del Carmen Martínez Lara, exija al Gobierno del Estado, a la Fiscalía General del Estado, al Congreso y al Poder Judicial estatal cumplan con lo que ordena el amparo definitivo que le otorgaron y que en caso de que esas autoridades no cumplan con el mismo, se les apliquen los castigos que la propia ley señala.
El exhorto enviado por el magistrado, señala de manera puntual: “Agréguese a los autos el escrito signado por el disconforme Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, en el que manifiesta que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en autos del amparo en revisión administrativo 314/2020, de su estadística, en la que se concedió al disconforme la suspensión definitiva de los actos reclamados y, como consecuencia, las responsables no han atendido el requerimiento formulado por este Juzgado de Distrito en proveído de siete de abril del año en curso”.
De tal forma que está notificando de manera oficial a la Juez Octava de Distrito en el Estado de Chihuahua, Adriana del Carmen Martínez Lara, que su amparo concedido no es acatado por las autoridades correspondientes.
Las partes medulares de la solicitud de Jorge Ramírez, son:
En primera instancia que el Congreso del Estado, “…Continúe el procedimiento de declaración de procedencia” y que tras ello, “…se abstenga de remitir el dictamen al día siguiente de su dictado a la Presidencia del Congreso o de la Diputación Permanente, según corresponda, quien no podrá convocar a sesión al Pleno del Congreso, como lo señala el artículo 27 de la Ley de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia para el Estado de Chihuahua, reservando esa decisión hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo, en lo principal, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Amparo”.
Y que no le impidan a él continuar con el ejercicio de sus funciones como Magistrado de la Primera Sala Penal del Poder Judicial estatal.
Solicita Ramirez que la juez requiera a las autoridades señaladas “…que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir del día en que sea notificada del presente proveído, informen a este Juzgado de Distrito el tratamiento otorgado a dicha suspensión, con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado, se harán acreedoras a una multa equivalente a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción IV, de la Ley de Amparo”.
De igual forma en su exhorto, solicita de manera formal: “Asimismo, respecto a su diversa petición referente a que se requiera al Fiscal General del Estado de Chihuahua realice las gestiones correspondientes ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, para que cese el procedimiento seguido en su contra y se levanten las medidas cautelares que se le impusieron en la causa penal 785/2020; dígasele al disconforme que no ha lugar a acordar de conformidad”.
Esto debido a que el magistrado sigue portando un brazalete electrónico y mantienen vigilancia policiaca en su hogar para obligarlo a mantener el arraigo domiciliario.
