El Congreso del Estado votara nueve dictámenes, uno la autorización de mero trámite para otorguen pensión a las familias de agentes estatales asesinados por los ataques del narco, dos para nombrar nuevos funcionarios de la Torre Legisaltiva, un permiso a Bocoyna para que pueda tramitar un crédito hasta por cinco millones, la integración de la comisión jurisdiccional, varios exhortos y ordenaron archivar un asunto por improcedente.
En lo relativo a la autorización del pago de pensión a las familias de los agentes caídos en acción, movió a risa que aunque todos estaban de acuerdo, el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson quien pidió que antes de la aprobación le explicaran de que fondo se va a sacar el recurso para esos pagos. Lo que denota el desconocimiento administrativo sobre el tema que el diputado tiene.
Los nombramientos de nuevos funcionarios del Congreso, son el nuevo titular de la oficina de archivo y de la oficina de igualdad de Género.
De igual forma los diputados votaron para aprobar la integración de la Comisión Jurisdiccional la cual tiene como finalidad recibir las solicitudes de juicios políticos, integración que ya había sido aprobada por la mayoría de los coordinadores de las diversas bancadas en las reuniones de comisiones previas a la sesión, solo con el voto en contra del coordinador de Morena Miguel Ángel Colunga.
También los diputados le aprobaron al municipio de Bocoyna pueda tramitar un crédito hasta por cinco millones de pesos para diversas obras.
Y esta legislatura que se caracteriza por su gran cantidad de puntos de acuerdo para lanzar exhortos, hoy aprobaron dos que son algo así como las llamadas a la Santa Misa, mediante los cuales piden:
1.- Que si no le era muy molesto al gobernador continúe su administración con los programas de apoyo y protección de los derechos humanos de menores de edad.
2.- Que el Gobernador, el secretario de hacienda, el de obras públicas y el de desarrollo municipal vean si no les molesta mucho, si este año puede hacer alguna obra de verdad en los municipios.
Derogaron los diputados el llamado impuesto profesional, el cual nunca se cobró y que era imposible cobrar por parte del Gobierno del Estado por que no contaba con su ley de aplicación, así que lo derogaron.
Y al municipio de Nonoava le dijeron que no podían ampliar su fundo legal como lo habían solicitado por que se estaban apropiando de extensiones de terreno que son propiedad de otros municipios.
