Por el delito de feminicidio un elemento del ejército de Estados Unidos en Chihuahua fue sentenciado en Chihuahua, según fue dado a conocer por parte de la titular de la Fiscalía Especializada a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y Familia, Wendy Chávez.
Quien por otra parte dio a conocer que desde el inicio de la administración, se ha vinculado a 427 personas en casos relacionados con delitos de género, y se ha dictaminado sentencia para 88 individuos, evidenciando una efectividad del 96% en los casos que llegan a juicio.
La detención se dio tras una investigación continua, se determinó que el presunto responsable, Saúl, era miembro activo del cuerpo militar de Estados Unidos.
En este tenor Wendy Chávez subrayó la importancia de la cooperación con las autoridades estadounidenses, especialmente en un estado fronterizo como Chihuahua. Destacó la necesidad de una comunicación fluida y diplomática para oficializar investigaciones. En este sentido, la colaboración con las autoridades de Homeland Security Investigations fue esencial.
Esta cooperación constante facilitó información crucial para las investigaciones, incluida la identificación del presunto responsable.
El proceso judicial en Ciudad Juárez fue agilizado gracias a la información proporcionada por las autoridades estadounidenses, llevando a la emisión de una orden de captura judicial apenas una semana y media después de los hechos. La relevancia del caso radica en la pertenencia del acusado a las fuerzas armadas de Estados Unidos, lo que motivó la solicitud de extradición.
La Fiscalía General de la República se encargó de los trámites correspondientes para la extradición, obteniendo una orden de detención por extradición emitida por una corte federal en Estados Unidos. Este paso legal representa un hito en la cooperación bilateral y subraya la determinación de ambas naciones para combatir la impunidad y garantizar que los responsables de delitos graves enfrenten la justicia.
Este singular caso destaca la efectividad de la colaboración entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, fortaleciendo la confianza en la capacidad de ambos países para abordar casos transfronterizos y garantizar que la justicia prevalezca, sin importar la nacionalidad de los implicados.
