Gobierno federal pretende mantener un sector energético estatista sin comprender el concepto de rectoría del Estado y los acuerdos constitucionales de transición energética.
El diputado Omar Bazán presentó un punto de acuerdo para que, bajo la figura AMICUS CURIAE -amigos de la Corte-, el Congreso de Chihuahua solicite audiencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de exigir el cumplimiento de los principios constitucionales de transición energética publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, los cuales disponen los planes y estrategias derivados de la Ley de Transición Energética y Ley General del Cambio Climático.
Lo anterior, explicó, en apoyo a la acción de inconstitucionalidad presentada en el Senado de la República contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del Presidente de la República, publicada en el Diario oficial dela Federación el 9 de marzo de 2021, a fin de evitar el desplazamiento de la producción de energías limpias.
Como se sabe, el 1 de febrero de 2021, el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, con un claro “espíritu estatista que más allá de la afectación monopólica, atenta contra el medio ambiente y la transición energética como principio constitucional”, argumentó Omar Bazán en su exposición de motivos.
Dijo que el actual gobierno pretende mantener un sector energético estatista ya superado, sin comprender el concepto de rectoría del estado en el sector energético que prevalece actualmente en la Constitución, que debe conciliarse ineludiblemente con el principio constitucional de transición energética.
La reforma energética aprobada por el Congreso de la Unión en 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, constituyó un cambio importante en el sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas públicas dedicadas a los hidrocarburos y a la electricidad y manteniendo la rectoría del Estado, se buscó modernizar el sector, dando intervención a la inversión privada y creando obligaciones claras y precisas para la transición energética a nuevos tipos de energía de las denominadas “limpias”.
Omar Bazán sostiene que la transición energética significa un cambio estructural a largo plazo en los sistemas energéticos de un país, pero en México “damos un paso para adelante y dos para atrás, pareciera que estamos jugando nuestro papel de país en desarrollo, y no pensar que si encabezamos la transición hacia otras energías, podría ser el pivote para alcanzar el desarrollo pleno y convertirnos en una potencia dados los recursos renovables que abundan en nuestro territorio”.
Hoy, añadió el legislador priista, crece el conflicto entre el gobierno mexicano y las empresas que invierten en energías renovables para la producción de electricidad.
Ahí está el acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para suspender de forma temporal la entrada en operación de nuevas plantas eólicas y solares para “garantizar la calidad” del sistema tras la repentina caída de la demanda.
La acción, abundó, en el marco de la crisis del coronavirus y responde a instrucciones de la Secretaría de Energía, que orienta sus acciones en el rescate de la industria petrolera y la producción eléctrica estatal.
Omar Bazán dijo que no se puede establecer una estrategia de “rescate” como alude el Presidente de la República, sin contemplar los preceptos constitucionales de 2013 para la transición energética, los cuales resaltan la libre competencia, la competitividad en el sector eléctrico y la procuración de un medio ambiente sano y sustentable.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no es un tema que impacte solo a los inversionistas o a las transnacionales, es un asunto que afectará a la sociedad, añadió.
El Congreso de Chihuahua debe respaldar a los 46 legisladores federales del PRI, PAN, MC y PRD, que el pasado ocho de abril presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una demanda de acción de inconstitucionalidad a la Ley de la Industria Eléctrica, porque vulnera la libre competencia, impone barreras económicas y violenta la protección a la salud y al medio ambiente, enfatizó Omar Bazán.
