El diputado Alfredo Chávez, reprobó el actuar de la Auditoría Superior de la Federación, tras resolver que el Gobierno de la Ciudad de México no tuvo ninguna observación, mientras que el INAI fue señalado en varias ocasiones.
Se preguntó cómo el Gobierno de Claudia Sheinbaum realizó todo perfecto ante los ojos del órgano fiscalizador cuando se le cayó el metro de la Ciudad de México, dejando muertos y lesionados.
Cabe señalar que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que como parte de la auditoría practicada al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se encontraron malas prácticas tales como despidos injustificados, perfiles de puestos hechos a la medida de trabajadores que no cumplen con los requisitos y redes de nepotismo; este instituto sale al paso y precisa en un comunicado:
“Cada una de las observaciones contenidas en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) habrán de seguirse solventando documentalmente dentro del plazo de ley, ya que la labor de fiscalización de la ASF es respetable y necesaria para asegurar el ejercicio eficiente del gasto público”.
Sin embargo, a su favor el INAI expone que, en este caso, la auditoría efectuada arrojó 40 resultados: en 29 no se detectaron observaciones; en cuatro el INAI proporcionó la información necesaria y fueron solventados antes de la emisión del Informe.
A lo largo de este proceso, se colaboró en todo momento con la instancia fiscalizadora para atender toda observación e implementar las recomendaciones, en los términos previstos en la normativa para dar certidumbre a la sociedad y reafirmar el compromiso irrestricto con la legalidad y la rendición de cuentas.
El INAI destaca que es importante señalar que el presupuesto ejercido en 2022 fue de 975 millones siete mil 27.96 pesos, y que el monto pendiente de solventar equivale alrededor del 0.15%, aunque aclara que no es una cifra definitiva, pues de conformidad con la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el organismo cuenta con 30 días hábiles a partir de la notificación para puntualizar lo necesario.
Como lo ha mostrado la ASF, en los resultados de la auditoría de cumplimiento forense 197, de la Cuenta Pública 2022, todo gasto ejecutado por el Instituto está sujeto a revisión de la sociedad y, en este caso, de la entidad fiscalizadora; además, cada recurso erogado se comprueba y se publica, en tiempo y forma, como lo prevén las Leyes General y Federal de Transparencia.
Las comisionadas y el comisionado presidente que integran el Pleno del Instituto enfatizan en que ninguna falta o irregularidad jurídica o administrativa, ni ninguna persona que haya cometido algún acto indebido en el ejercicio de sus funciones, quedará sin la debida investigación y las posibles sanciones que resulten aplicables.
