Con el objetivo de establecer precedentes en torno a la persecución de oficio de la sustracción ilegal de agua en nuestra entidad, presenté una iniciativa con carácter de decreto que contribuirá a reducir la perforación de pozos clandestinos.
Una vez que estos son los que producen una mayor afectación al entorno y a las reservas hídricas debido a los altos volúmenes de extracción.
Si bien es cierto que el agua es indispensable para la operación de los campos que cultivan nuestros alimentos, perseguir este delito de oficio contribuiría, además, a una mejor y correcta administración de los recursos hídricos estatales, así como a disminuir gradualmente la perforación de pozos para la sustracción ilegal de agua.
Es evidente la imposibilidad de eliminar los pozos porque son una necesidad y una realidad para el campo mexicano, sin embargo, no se debe permitir la continuidad de pozos clandestinos que no llevan un registro de sus operaciones ni un control de los manejos que llevan.
Así como la existencia de cada vez más pozos clandestinos que afectan el insumo y consumo de agua de toda la población.
El agua es de todos los mexicanos, por lo que también es una obligación de todos cuidarla y construir en la búsqueda de medidas más eficaces y eficientes en la administración de nuestros recursos hídricos nacionales.
Desafortunadamente, en nuestro estado se ha convertido en una práctica común la perforación de pozos para extraer agua de forma ilegal, desarrollada principalmente en áreas y zonas despobladas o rancherías que se dedican a la agricultura y al no tener un control de la extracción ni los estudios de impacto medioambientales, llegan a producir afectaciones en los mantos acuíferos subterráneos, en los ríos y lagos cercanos y en el ecosistema mismo.
Aún estamos a tiempo de cuidar el líquido que da origen y sustento a la vida, de contribuir como mexicanos y chihuahuenses a cuidar los recursos que tenemos y sobre todo asegurar a las generaciones futuras el acceso a los mismos beneficios de los que actualmente gozamos.
La escasez de agua es una realidad, el estrés hídrico que estamos imponiendo en nuestro estado nos está excediendo.
Gran parte de la sobreexplotación actual que sufren los mantos acuíferos en el estado, es producto de la extracción desmedida de agua en pozos clandestinos.
Aparte nuestras reservas no se están llenando al mismo ritmo que las estamos explotando, lo que eventualmente nos llevará a una escasez de agua prácticamente total.
Una situación que antes se veía como lejana, hoy es una realidad, tal y como pudimos observarlo en el vecino estado de Nuevo León, donde en meses pasados, de no ser por las lluvias estacionarias, estarían prácticamente en el punto cero de recursos hídricos.
Es importante mencionar que la sobreexplotación de los acuíferos se ha presentado por una incesante corrupción en la asignación de derechos de explotación en el bombeo agrícola.
Adicionalmente, se presenta el desvío de aguas superficiales y su acaparamiento en un mercado negro, sin control y muy pernicioso.
En Chihuahua, la construcción de pozos ilegales y de obras para desviar el cauce de ríos para regar campos de cultivo es un tema que ha sido denunciado por ejidatarios y agricultores desde, por lo menos, el 2012.
La extracción ilegal es un problema a escala nacional, pues de acuerdo con un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), existen cerca de 1.400 pozos registrados en el país, pero se estima que hay una cantidad similar de pozos ilegales que se encuentran operando.
En Chihuahua, la Comisión Federal de Electricidad tiene 22 mil pozos, de los cuales por lo menos 6 mil son irregulares y 12 mil se perforaron en los pasados diez años, según estimaciones.
Por ello, es imprescindible frenar el crecimiento de las demandas de agua (regadío, industrial y urbana), de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles. Luchar contra el deterioro de las masas de agua (subterránea y superficial), y combatir con todas las armas legales la apropiación y sobreexplotación de acuíferos y cauces.
Otro problema que se presenta en Chihuahua, como en otras partes del país, es la falsificación de documentos para obtener una concesión de aprovechamiento de agua.
En una entidad con estrés hídrico, el tráfico de concesiones es un negocio muy redituable, pues un solo documento puede llegar a valer entre 2 y 3 millones de pesos.
El problema tiene muchas aristas, según información de la Comisión Nacional del Agua, delegación Chihuahua, en los últimos tres años, Chihuahua ha recibido más de 500 denuncias por la existencia de pozos agrícolas, sin título de aprovechamiento y/o concesión, en zona de veda.
Si bien es cierto que la Comisión Nacional del Agua, clausura los pozos que se encuentran operando sin las licencias correspondientes e impone sanciones económicas, la realidad es que necesitamos de herramientas más severas y eficaces ante una situación que por sí misma ya representa una crisis.
La invitación general es a no permitir que en un futuro el agua se convierta en un lujo.
El marco legal propuesto adiciona el artículo 243 del Código Penal del Estado de Chihuahua, para quedar redactado así:
Artículo 243.
Los delitos previstos en este título, con excepción de la sustracción ilegal del agua, robo, robo de ganado, encubrimiento por receptación de estos, extorsión y daños, en cualquiera de las hipótesis del artículo 237, se investigarán por querella de parte ofendida.
