Después de su aprobación en Diputados, la minuta del plan B de AMLO fue enviada al Senado para ser votada.
Con gritos de “¡el INE sí se toca!”, los diputados de Morena, PVEM y el PT aprobaron, en lo general y en lo particular, el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral.
Luego de que no pasó la reforma constitucional del mandatario por no alcanzar la mayoría calificada, los diputados del partido en el gobierno se apresuraron para presentar el plan B. Por ello, dispensaron los trámites legislativos, la discutieron y votaron el mismo día que llegó.
Con 267 votos en pro de Morena y aliados y 219 en contra de la oposición, avalaron en la madrugada de este miércoles el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Durante la discusión, los partidos de oposición definieron el proceso como desaseado e ilegal, por lo que abandonaron el pleno de la Cámara de Diputados y no participaron en la votación de forma presencial.
Estos cambios a leyes secundarias no modifican por completo al Instituto Nacional Electoral (INE) como se buscaba con la reforma constitucional, pero sí cambiar su estructura. Además de que hace modificaciones en temas que Morena siempre ha criticado de este órgano electoral, como en la reducción de los salarios de los consejeros, quienes ganan más que el mandatario federal, eliminación de dos fideicomisos y destitución del actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
La minuta que fue enviada al Senado establece que las remuneraciones que reciban los consejeros electorales por el desempeño de sus funciones no podrán justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para rebasar el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución, es decir, el salario del presidente.
Además, establecen medidas para “proteger los recursos públicos relacionados con el proceso electoral”, por lo que se obligará al INE a liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de dos fideicomisos.
“Los recursos obtenidos producto de la reforma serán utilizados para cumplir con las obligaciones de ley conforme a la propuesta de reducción de estructura que se propone”, señala la minuta.
