En los tres primeros meses de 2023 no se registró ninguna denuncia por presunta corrupción contra servidores públicos que laboran en las aduanas, informa Hacienda.
La toma de control de las aduanas por parte del Ejército ha tenido un impacto en la lucha contra la corrupción, ya que se redujo el número de servidores públicos que trabajan en ese sector denunciados ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control (OIC).
En 2018, al cierre del último año a cargo de la administración de Enrique Peña Nieto, se reportaron 25 y 270 servidores públicos de la Administración General de Aduanas (AGA) denunciados ante el MP y el OIC, refieren los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El más reciente de estos reportes y que comprende el primer trimestre de 2023, indica que hay cero denuncias de funcionarios en aduanas ante la ahora Fiscalía General de la República y el OIC. Al cierre de 2022 se reportaron 3 denuncias ante la FGR y 41 ante el OIC.
En enero de 2022 comenzó a operar la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en lugar de la Administración General de Aduanas (AGA); una de las administraciones a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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La ANAM ahora opera como una institución administrativa desconcentrada de la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con el Reglamento interior de la agencia, una de las funciones de la coordinación con las fuerzas armadas e instituciones de seguridad nacional y de seguridad pública es preservar la seguridad en los puntos de acceso al país.
En este sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional es la encargada de coordinar las aduanas fronterizas, mientras que las aduanas marítimas son administradas por la Secretaría de Marina y las interiores, por la ANAM, refiere un análisis KPMG.
Con la nueva agencia, a diferencia de la AGA, los elementos de las fuerzas armadas pueden formar parte de la ANAM para ser asignados a las aduanas con el cometido de: facilitar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías y personas del país.
Hacienda no menciona cuántas de esas denuncias ya tuvieron una sentencia definitiva ni cuántas han sido rechazadas, o si los funcionarios están detenidos o enfrentan en libertad las denuncias.
