Ichitaip dice No y Se Encaminan al Desacato

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A pesar de que desde el pasado día 15 de marzo Alejandro de la Rocha Moniel aceptó ante el juez segundo de distrito Arturo González Ferreiro acatar el amparo que concedió a favor del comisionado Rodolfo Leyva Martínez, decide el Consejo del Instituto Chihuahuense de la Transparencia interponer recurso legal.

Esta situación llevara de nueva cuenta a una guerra legal al comisionado Rodolfo Leyva, quien supuestamente este jueves 22 de marzo tendrá que estar siendo restituido como presidente del Instituto de Transparencia de Chihuahua.

La versión que dieron a conocer los del Ichitaip, es que Alejandro Montiel no podía actuar de mutuo proprio y que era necesaria la aprobación del consejo para que él determinará si se desistía o no de ese proceso legal.

Ahora el Ichitaip deberá de recurrir al Juez Segundo de Distrito y tratar de convencerlo de que los dos documentos firmados por Alejandro de la Rocha Montiel y que le entregó desde el pasado día 15 de marzo, no tienen valor legal y que los deseche y solo tome en cuenta el nuevo documento que deben de presentar antes de la fecha tope para presentar su impugnación o ese amparo concedido.

Vale señalar que Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, entregó dos documentos al juez segundo de distrito en donde señala como representante legal del Ichitaip, que acepta la resolución por él dictada y que renuncia a todo derecho de interponer un recurso de revisión en contra de esa sentencia.

En el segundo documento entregado por él mismo, de igual forma establece: “…en mi carácter de tercero interesado…vengo a manifestar mi entera conformidad con al sentencia dictada…” y a manera de resolutivo único, señala:

“Se me tenga renunciando a mi derecho a interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y manifestando mi conformidad con dicha resolución”, tras lo cual al calce de la hoja entregada aparece su firma de puño y letra.

Es por esa situación que los comisionados del Ichitaip están ante la posibilidad legal de caer en desacato, lo que podría dar pie a sanciones civiles y/o penales.