Finalmente el jueves 25 de marzo inició formalmente la audiencia de imputación en el caso de la alcaldesa con licencia y candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, por el delito de cohecho en el caso de la nómina secreta del exgobernador del PRI, César Duarte.
Tras cinco diferimientos y tres amparos, fue hasta ayer que se concluyó el cotejo del expediente entre el Ministerio Público y la defensa de Marua, toda vez que el alegato de los abogados defensores era que no conocían el mismo.
Este jueves, finalmente, concluyó la revisión del expediente, en el caso que se le sigue junto con los exdiputados del Verde Ecologista, María Ávila y del PRI, Rodrigo de la Rosa, quienes son acusados de haber sido parte de la nómina secreta que operó César Duarte entre 2013 y 2016, cuando estos eran diputados locales.
La audiencia de imputación inició a mediodía y continúa al filo de las 22:00 horas en una de las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde el Ministerio Público luego de dar lectura a los hechos presuntamente constitutivos de delitos, solicitó un receso para dar continuidad este día.
Cabe señalar que el Ministerio Público señaló que María Eugenia C.G. y Cesar J. M, recibieron diversas sumas de dinero por la cantidad de 7 millones de pesos mediante 27 pagos y un millón 180 mil pesos en efectivo en siete pagos; 20 mil pesos para un pago de tarjeta, así como el pago de un millón 067 mil 200 pesos, para una tarjeta de crédito a nombre de un hermano de la entonces diputada y hoy alcaldesa con licencia, mediante 19 transferencias y depósitos bancarios.
También indicó que el entonces diputado Rodrigo D.R., recibió un millón 250 mil pesos en dos pagos, sumando en total 2 millones 500 mil pesos. Además, la entonces diputada María A.S. recibió 3 millones 857 mil 112 pesos, en una operación que se realizó por medio de su esposo.
La Fiscalía estableció el modus operandi de esa “nómina secreta”: la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado emitía diversos cheques de su cuenta de gasto corriente, se los entregaba a una empresa de valores de la ciudad de Chihuahua, que a su vez, los convertían en dinero en efectivo o “líquido” y lo regresaba a una bodega de la Tesorería estatal.
Trascendió que el dinero se entregaba en efectivo dentro de sobres o paquetes en las oficinas de la Tesorería, en el edificio de la Secretaría de Hacienda, o bien, de forma clandestina en el estacionamiento subterráneo de la misma dependencia.
