La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó este jueves oficialmente que obtuvo las órdenes de aprehensión contra la actriz y conductora de televisión Inés Gómez Mont; su esposo, Víctor Manuel Álvarez, y otras cinco personas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según una nota de prensa de la institución, que no identifica a Gómez Mont y a su esposo con sus nombres completos sino como Inés “G” y Víctor Manuel “A”, tres de las otras personas supuestamente involucradas ya están detenidas. “En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional”, explicó la FGR en un comunicado.
El comunicado de prensa es la primera noticia oficial que da la Fiscalía sobre el caso, aunque la prensa mexicana ya había reportado la historia sobre la base de fuentes no identificadas tanto en septiembre, cuando un juez dicto la orden de detención, como en octubre, cuando México pidió a Interpol que emitiera una alerta roja para iniciar la captura internacional.
Hasta el jueves, la página oficial de Interpol donde publica su lista de personas buscadas no incluía ni a Gómez Mont ni a Víctor Manuel Álvarez. La pareja lleva varios meses desaparecida de la vida pública y su paradero es desconocido.
En el texto, la Fiscalía indicó que en noviembre de 2019 abrió una investigación contra estas siete personas y una serie de empresas.
“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”.
Según la entidad, los presuntos involucrados “celebraban diversos contratos”, a través de funcionarios públicos, con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación “utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban”.
La finalidad, según la FGR, era lavar dinero, “disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”.
