Diputados locales, por mayoría de votos, exigieron al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Gobernación Federal y a la Guardia Nacional, desarrollen mecanismos de coordinación, vigilancia, protección y atención inmediata en las carreteras de jurisdicción federal en el estado de Chihuahua, con el objetivo prioritario de salvaguardar la vida y la integridad física de las personas, en especial de aquellas dedicadas al transporte, durante sus desplazamientos.
La diputada Georgina Bujanda Ríos, expuso en tribuna que el gobierno federal no puede eludir su responsabilidad y debe abordar de manera integral la crisis de seguridad, reconociendo la gravedad de la situación y tomando medidas concretas para proteger a la población.
“La omisión y la falta de voluntad política para resolver estos problemas son inaceptables, y es imperativo que se establezcan acciones efectivas en lugar de discursos vacíos y demagogia. La seguridad en México exige una atención inmediata y un cambio significativo en la estrategia gubernamental”, señaló.
Además, señaló, las protestas en múltiples estados subrayan la urgencia de una acción concreta y una redefinición inmediata de la estrategia de seguridad. Las exigencias de las organizaciones, empresarios y ciudadanos son claras: se necesita una estrategia efectiva para erradicar la inseguridad en las carreteras y garantizar la seguridad en todo el país.
Citó que, en el 2023 aumentó 4.6% el número de asaltos en autopistas; donde 86% ocurrieron con violencia; más de la mitad de esos delitos ocurren en los estados de México y Puebla -ambos gobernados por morena-; generando pérdidas anuales por alrededor de 7,000 millones de pesos, sin considerar las implicaciones personales de quienes viven esta pesadilla en carne propia. En México cada hora se cometen 1.6 robos a transportistas y es un delito que va en aumento. En 2023 se cometían en promedio 36 asaltos diarios y en 2023 fueron 38. En el 86% de los casos se trató de actos altamente violentos.
“Es cierto que, en cuanto a la seguridad, todos los órdenes de gobierno tienen responsabilidades compartidas. Pero el Sistema Nacional de Seguridad Pública establece cómo deben coordinarse y distribuirse las tareas en seguridad entre el gobierno central, los estados y los municipios, bajo la dirección del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de ahí derivan estos problemas”, afirmó, la diputada.
Mencionó que, los 160,594 homicidios durante los cuatro años y medio de este sexenio federal, no es solo una estadística: son una tragedia que se despliega y sobre todo que se siente en nuestras calles, que llega a los hogares de las y los mexicanos.
Por último, declaró que, la realidad es que la violencia desenfrenada persiste y aumenta en estados como Guanajuato, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Baja California y desde luego que en Chihuahua. La omisión y falta de una verdadera estrategia de seguridad, pero sobre todo de voluntad política para resolver estos temas, nos está costando vidas, y no hay pretexto u otros datos que puedan justificar esta negligencia.
