El convenio se aplica actualmente a unos 3,900 niños separados de sus padres durante la gestión de Trump (2017-2021), según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representa a familias que fueron divididas en una demanda presentada por primera vez en 2018.
Bajo la política de “tolerancia cero” aplicada por el expresidente republicano Donald Trump de 2017 a enero de 2021, miles de niños fueron separados de sus familias para desalentar la masiva llegada de migrantes a la frontera con México.
Los organismos de control del Gobierno y los defensores de la inmigración han descubierto que las separaciones comenzaron antes y continuaron después del inicio oficial de la política.
Se estima que entre 500 y 1,000 niños siguen separados y es probable que el número cubierto por el acuerdo se amplíe, dijo la ACLU.
“La práctica de separar familias en la frontera suroeste fue vergonzosa”, afirmó este lunes el fiscal General Merrick B. Garland citado en un comunicado.
El acuerdo, sujeto a la aprobación de un tribunal, llega después de una larga negociación y dos años después de que el gobierno se negara a conceder al colectivo de familias la compensación financiera que solicitaban por el trauma sufrido.
Además, el acuerdo prohibirá al gobierno aplicar cualquier política que conduzca a separaciones generalizadas durante ocho años, pero permite excepciones por razones de seguridad nacional, órdenes de detención penal, emergencias médicas o si la seguridad de un niño está en peligro.
Aún en el caso de que se separe al niño de sus padres o tutores deberán respetarse ciertas reglas: se mantendrá la comunicación entre ellos, tendrá que documentarse en una base de datos y habrá que suministrar a los progenitores “información suficiente para comprender las razones”.
El abogado de la ACLU Lee Gelernt calificó el acuerdo de “un paso crítico para ayudar a las miles de familias”.
Además el acuerdo incluye asistencia para que las familias separadas puedan restablecerse después de la reunificación, como vivienda, asistencia médica, acceso a permisos de trabajo y de residencia y en algunos casos ayuda para viajar desde el extranjero.
Las autoridades estadounidenses también se comprometen a asesorarles en las solicitudes de asilo, además de suministrarles ayuda legal.
