La Secretaria de la Función Pública dio a conocer que hasta el momento ya han presentado un total de 44 denuncias por presuntos desvíos de dinero relacionados con la llamada “Estafa Maestra” y que implican un monto de más de 4 mil millones de pesos y que sus primeras indagatorias se centran en lo ocurrido en el 2013 y 2014, pero que tienen hilos de investigación sobre ese esquema de robo a la nación que se realizó durante toda la administración de Enrique Peña Nieto.
Las 44 denuncias penales presentadas por la Función Pública, están divididas de la siguiente manera: 5 están relacionadas con Petróleos Mexicanos Exploración y Producción; 6 con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 2 con la Comisión Federal de Electricidad; 2 con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 8 con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y 11 con la Secretaría de Bienestar; 2 con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Señalaron que el resto están relacionadas con: la Secretaría de Economía; Secretaría de Relaciones Exteriores; Pronósticos; Seguridad Alimentaria Mexicana; Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; Instituto Mexicano de la Juventud; Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, dependencias que cuentan con una denuncia cada una.
La llamada “Estafa Maestra”, es un monumental fraude que se puso al descubierto por una investigación periodística realizada por Animal Político y “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” que reveló un sistema de corrupción en el que 11 dependencias del Gobierno Federal hicieron convenios con ocho universidades públicas para contratar supuestos servicios por 7 mil 670 millones de pesos.
El fraude es tan grande que para poder realizarlo las ocho universidades involucradas realizaron contratos con 186 empresas fantasma, para desaparecer el dinero con falsos contratos.
La Función Pública en sus investigaciones para presentar las primeras denuncias sobre el caso, sela que ya se han revisado convenios celebrados por 27 entes de la Administración Pública Federal con instituciones de educación pública superiores, para detectar posibles hechos constitutivos de delito.
Se espera que en breve empiecen a ser detenidos varios de los exfuncionarios y quienes crearon falsas empresas para celebrar contratos con universidades y otros intermediarios.
