La Cámara de Diputados aprobó una reforma para eliminar la obligación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de notificar a los usuarios que estén en la lista de personas bloqueadas por operaciones de supuesta procedencia ilícita, por lo que esta responsabilidad queda solo a cargo de las instituciones de crédito.
La aprobación con 269 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 219 legisladores en contra del PAN, PRI, PRD, y MC, establece “previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas”.
La minuta -que adiciona el capítulo V a la Ley de Instituciones de Crédito- menciona que la solicitud deberá formularse por el interesado ante la UIF en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al que se le hubiera notificado los fundamentos de su inclusión en la lista de personas bloqueadas.
La diputada morenista Aleida Alavez señaló que con esta modificación se busca “simplificar” la obligación de notificar a todos los usuarios, ya que dijo que la UIF carece de recursos humanos y materiales para atender la disposición como estaba.
“Se trata de simplificar. La obligación para notificar, a todos los usuarios que se incluyan en la lista de personas bloqueadas, por la Unidad de Inteligencia Financiera es materialmente imposible de atender, toda vez que no tiene los recursos humanos y materiales para atender la disposición como se había planteado, mientras que los bancos sí la tienen, y operativamente está demostrada su eficiencia”, dijo la morenista.
Esta reforma -que comenzó a discutirse en 2019 cuando Santiago Nieto era el titular de la UIR- será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
