La diputada por Morena en el Congreso del Estado, América García, destapó un presunto desvío de recursos por un monto de 24 millones de pesos, los cuales fueron entregados a la asociación civil “Lucha Digna Agropecuaria”, creada 18 días antes de recibir el dinero.
La legisladora señaló que la asociación incumple con el criterio que se exige a todas las organizaciones de la sociedad civil dispuestas en las reglas de operación del Programa Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana 2022, el cual está a cargo de Nancy Janeth Frías Frías.
Entre los documentos que incumple se encuentra el contar con una antigüedad mínima de dos años, ser donatarias autorizadas y presentar un informe de trabajo con al menos 2 años de experiencia, a fin de ser beneficiadas con apoyos de este tipo.
Por este motivo presentó una iniciativa en la que solicitaba la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Rural y de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, con la finalidad de que informen a las y los diputados sobre esta entrega irregular de recursos a la asociación civil “Lucha Digna Agropecuaria”. Como era de esperarse, la propuesta generó una discusión por parte de los legisladores de Acción Nacional, y a pesar de la evidencia con la que se sustentó este señalamiento, el Pleno por mayoría desestimó que fuera necesaria la presencia de los servidores públicos antes mencionados.
Relató la joven legisladora que el pasado 25 de abril de 2022, la mencionada organización fue inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado, pero constituida como asociación civil el 29 de noviembre de 2021 ante el Notario Público número 28; es decir, que sin cumplir siquiera con el primer mes de operaciones autorizadas con terceros como lo marca el Artículo 2571 del Código Civil del Estado de Chihuahua, se firmó un convenio de concertación por un monto de 24 millones de pesos con la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.
“Vemos entonces que, tanto en el Portal de Transparencia como en el Convenio de Concertación, fueron omisos en publicar cada uno de los requisitos que se solicitan para hacer entrega de este tipo de apoyos; lo que sí se puede constatar, es que esta organización incumple con al menos dos criterios para ser elegidos dentro de las reglas de operación”, puntualizó.
Insistió en señalar que Lucha Digna Agropecuaria A.C., no aparece en el directorio de la Junta de Asistencia Social y Privada (JASP), por lo que se presume que no se encuentra dada de alta en el directorio de Organizaciones; lo cual es un requisito obligatorio para poder recibir apoyos de este tipo con recursos públicos.
Asimismo, todas las organizaciones sin excepción deben presentar informe de trabajo con logros cuantitativos y cualitativos que muestren evidencias al menos de 2 años con experiencia en el ramo de atención. “Requisito que evidentemente no se cumple”, acotó la legisladora morenista.
García Soto recordó la salida de la primera titular de la Secretaría de Desarrollo Rural durante la actual administración estatal, Lilia Merodio, bajo el señalamiento de irregularidades en el manejo de recursos destinados a la actividad rural, especialmente a esta organización. Por lo que el apoyo no se entregó por dicha secretaría y los recursos fueron desviados a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, cuando su secretario era Ignacio Galicia de Luna y el secretario particular Mauro Parada, actual secretario de Desarrollo Rural.
Asimismo, mostró que en el informe de Lucha Digna Agropecuaria A.C. reconocen que le cobraron, a las 2 mil 395 personas la cantidad de 10 mil 021 pesos, para poder acceder a la recepción de apoyos para la alimentación, que además les fueron vendidos a sobreprecio.
Destacó García Soto que, previo a la presentación de la iniciativa presentó una solicitud de acceso a la información pública a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la cual, al enterarse de la solicitud determinó reservar la información, porque a decir de gobierno del estado: “Si se llegara a conocer dicha información podría afectarse el desempeño y operación del Poder Ejecutivo en caso de suscitarse una afectación a su imagen, debido a la intervención de los medios de comunicación.” Lo que se hace evidente citando los Acuerdos CT 08/2023 y CT 09/2023.
“Es por este motivo que creemos urgente solicitar la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, y de Desarrollo Rural a fin de que den vista de la situación de favoritismo mostrada en este documento, y que justifiquen por qué se violaron los preceptos establecidos en las reglas de operación y si iniciaron los procedimientos procedentes para sancionar a los servidores públicos que permitieron dicha irregularidad”, concluyó la legisladora.
