Los daños derivados del caso ARAS ascienden a 900 millones de pesos, según informó el fiscal de distrito zona centro, Heliodoro Araiza Reyes. Durante la audiencia, el fiscal fue interrogado sobre la posibilidad de un cambio de abogado, señalando que tal acción podría constituir un fraude procesal, especialmente después de la separación de Luis Benavides Rojas de la representación de ARAS.
Araiza Reyes explicó que Benavides Rojas recibió la citación para la audiencia como representante de ARAS, pero al ser retirado de su posición el 27 de noviembre, no se tenía información sobre quién tomaría su lugar. Según el fiscal, la revocación del poder no había sido notificada formalmente a las autoridades hasta ese momento.
El fiscal advirtió sobre la posibilidad de que intentaran revocar el poder después de notificar al representante legal sobre la audiencia, calificándolo como un posible delito de fraude procesal. Añadió que estaban revisando detenidamente este aspecto.
En cuanto a la responsabilidad por los daños, el fiscal recordó que algunas personas vinculadas al caso, incluyendo al CEO Armando Gutiérrez, están bajo prisión preventiva, mientras que otras aún no han sido detenidas. Es importante mencionar que, según las órdenes de aprehensión, solo falta la captura del CEO Armando Gutiérrez Rosas, quien ha sido identificado en Estados Unidos, lo que motiva la búsqueda de su extradición.
