Ricardo Mejía subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública federal, minimiza el asesinato de Jessy Silva y los impactos de bala que recibió su esposo Jaime Torres, que lo mantienen al borde de la muerte, al afirmar que el conflicto por el agua en la región centro sur de la entidad se debe a la participación de actores políticos que fueron lo que incitaron a la violencia.
El funcionario federal sostuvo que tendrá que ser la Fiscalía General de la República la que realice las investigaciones debidas para deslindar las responsabilidades de ese hecho, pero agregó, que serán esos mismos órganos competentes “los que tendrán que dirimir qué ocurre con las personas identificadas como incitadoras de movilizaciones violentas”.
“Existen imágenes en donde estos personajes repartieron entre agricultores palos, alcohol y bombas molotov para incitar a la violencia”, aseguró Ricardo Mejía.
Al momento de “identificar” a los supuestos incitadores de la violencia, señaló a osé Reyes Baeza Terrazas, Fernando Baeza Terrazas, exgobernadores del estado; Salvador Alcántar Ortega, líder de la Aurech; Arturo Zubia Fernández, alcalde de Camargo; Abel González Hernández, director de Desarrollo Rural y Económico del Ayuntamiento de Saucillo; Jaime Ramírez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos; Adolfo Herrera, alcalde de La Cruz; Jorge Aldana Aguilar; José Francisco Ramírez Licón, alcalde de Rosales; Mario Mata, diputado federal del PAN, y Gustavo Madero, senador del PAN.
Además tachó de “huachicoleros de agua” a productores a los que acusó de no entender que el liquido es propiedad de la nación “y no como la propiedad de un conjunto de políticos y gente que ha medrado con su uso”.
El funcionario federal prácticamente culpó a los productores de la entidad, por su oposición a que la federación extraiga agua de las presas locales manteniendo una posición muy firme de no entregar más agua para el cumplimiento de los tratados internacionales.
De esta forma la autoridad federal en lugar de explicar el motivo de la agresión en contra de productores locales, en la que una madre de familia perdió la vida y su esposo se encuentra grave por los impactos de bala que recibió, el subsecretario de seguridad pública federal volvió a señalar que el problema es político.
