Abogados chihuahuenses se preparan para implementar la justicia digital con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde también se impulsan además la oralidad, el respeto a los derechos humanos y la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
“La finalidad de esta legislación procesal única, es que se homologuen los criterios en todo el país, que se brinde seguridad jurídica a todos los justiciables y también que se garantice un verdadero acceso a la justicia”, expresó el Juez Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial Morelos, Erick Alberto Parada Díaz, al hacer referencia al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Como parte del Seminario de Actualización Jurídica 2023, en este segundo módulo de análisis del nuevo instrumento legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del presente año, y que establece como fecha límite para su entrada en vigor a nivel nacional, a partir del primero de abril del año 2027, el jurista dio a conocer que el mismo consta de mil 191 artículos divididos en 10 libros, además de un régimen transitorio compuesto por 20 artículos.
“Trae figuras muy novedosas, muy interesantes, como el establecimiento de la carga dinámica de la prueba, la incorporación de la declaración de parte en materia civil y el sistema de libre convicción en la valoración de las pruebas, también se va a dejar sin efecto la legislación procesal civil en materia federal, va a ser sustituida cuando se emita la declaratoria por parte del Congreso de la Unión en cada una de sus cámaras, la Cámara de Diputados y la de Senadores y cada una de las legislaturas van a establecer el momento en el cual entrará en vigor en sus Estados, sin que pueda exceder de la fecha límite que ya mencioné”, expresó el Juez Parada Díaz.
Y agregó, “creo que uno de los avances más importantes, y de los retos, es el establecimiento de la justicia digital, que exista el expediente electrónico y que las promociones se puedan hacer por medio de firma electrónica avanzada, con la finalidad de que se dé certeza de que estas actuaciones están llegando a la autoridad que las tiene que acordar y que son atribuibles a una persona específica con sus consecuencias legales, y para ello va a ser muy importante que se destinen los recursos necesarios y también que se implementen los métodos de seguridad para garantizar esa fiabilidad”.
Al destacar la importancia de que estos ejercicios a que hoy convoca el Colegio de Juristas “Jorge Mazpulez Pérez”, por conducto de su presidenta la Licenciada Alba Flores Domínguez, para conocer, estudiar y analizar este Código Nacional, se lleven a cabo no solo con la participación de abogados, sino que se realice en las instituciones académicas, en los Tribunales y con autoridades administrativas y legislativas, con la finalidad de establecer cuál va a ser la forma de su implementación, interpretación y aplicación.
Para su correcto desarrollo, consideró fundamental que exista el compromiso tanto de autoridades como de los litigantes, para capacitarse y sensibilizar a todas las personas involucradas en este proceso, además de hacer los ajustes normativos internos necesarios para implementar los sistemas de gestión judicial, trámites y servicios digitales requeridos en el sistema de justicia oral contenido en este mismo Código.
Comentó que vienen muchos temas de ajustes razonables, ajustes al procedimiento, precisó que para cada caso en particular, se establecen medidas de protección, apoyos y de protección a personas en estado de vulnerabilidad, que ya han sido reconocidos por tratados internacionales y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que se incorporan a la legislación ordinaria, dando una mayor protección a los derechos humanos y estableciendo un sistema de justicia ágil y cercano a las personas.
Por esto, dijo, queda más clara la obligación de todos los juzgadores, de emitir sus sentencias atendiendo a dichos protocolos, además de juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de infancia, con perspectiva de adulto mayor, o bien atendiendo a personas que se puedan encontrar en cualquier otra situación de vulnerabilidad.
“Esta es la forma en la que se pueden hacer efectivos todos aquellos temas de justicia cotidiana conforme lo estableció la Suprema Corte, y corresponderá a juezas, jueces, magistrados y magistradas, poder en su momento, brindar ese acceso a la justicia a toda la ciudadanía”, concluyó.
