Otro golpe para el gobierno de AMLO: un choque entre narcos y policías dejó 21 muertos

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En medio de los festejos y protestas por el primer aniversario del presidente Andrés Manuel López Obrador en el poder, siete presuntos delincuentes fueron abatidos durante ayer en el estado de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, con lo que suman 21 los muertos, entre ellos, cuatro policías, por enfrentamientos armados en las últimas horas.

Las muertes violentas confirmadas por las autoridades se suman a los 14 fallecidos que dejó un enfrentamiento armado el sábado en la localidad de Villa Unión, en ese estado del norte del país.

Los supuestos delincuentes fueron perseguidos por fuerzas de seguridad desde Villa Unión y fueron abatidos cuando intentaban escapar hacia otra localidad del vecino estado de Nuevo León.

El gobierno de Coahuila desplegó en las últimas horas un operativo para “barrer” la zona, tanto por tierra con militares y policía estatal como por aire con el apoyo de helicópteros. El enfrentamiento del sábado se desató poco antes del mediodía cuando policías locales detectaron varios vehículos con civiles fuertemente armados recorriendo la comunidad, por lo que requirieron la intervención de militares.

Hasta la noche del sábado, el gobierno de Coahuila había confirmado la muerte de 10 presuntos pistoleros del narcotráfico y cuatro policías. Los tiroteos se registraron en distintos puntos de la localidad, ubicada a unos 60 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y que de acuerdo con las autoridades era “muy tranquila” y estaba ajena a la violencia ligada al narcotráfico.

El gobernador del estado, Miguel Riquelme, atribuyó el ataque al cartel del Noreste, surgido en el cercano estado de Tamaulipas luego de dividirse el violento grupo criminal de los Zetas.

Los enfrentamientos ocurrieron cuando se cumple un año de gobierno del presidente (izquierdista) Andrés Manuel López Obrador, que reconoce que uno de sus mayores desafíos es la lucha contra la criminalidad.

El norte de México ha sido escenario de hechos violentos en los últimos meses, como la frustrada captura, el 17 de octubre, de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Guzmán hijo estuvo por momentos detenido en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, pero ante los ataques lanzados por pistoleros del narcotráfico el gobierno tomó la polémica decisión de liberarlo.

El 4 de noviembre, en un camino rural del estado de Sonora, presuntos pistoleros de un cartel mataron a balazos a tres mujeres y seis chicos de una comunidad mormona de origen estadounidense asentada en el norte de México por generaciones.

Tras la indignación por esta masacre, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes su intención de catalogar a los carteles narcotraficantes como terroristas, lo que en México fue interpretado como una intención de Washington de intervenir en el país, incluso con armas.

López Obrador advirtió que México no permitiría que extranjeros armados actúen en el país y sostuvo que su gobierno demostrará a Trump, con quien dice tener una relación de “respeto” y “cooperación”, que harán justicia en el caso del ataque a los mormones.