El Gobierno federal defendió este miércoles la prisión preventiva oficiosa y señaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que este instrumento es fundamental para que los delincuentes no incumplan con la justicia.
“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”, mencionó en comunicado la Secretaría de Gobernación (Segob).
En próximos días, la SCJN resolverá un juicio de amparo en revisión y dos acciones de inconstitucionalidad referentes a la prisión preventiva oficiosa que se estableció en el artículo 19 constitucional desde 2008.
Por ello le pidieron a la Corte que en momentos de resolver dichos asuntos, “considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal, donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”.
La dependencia mencionó que en muchas ocasiones detener a estos delincuentes implica “un gran esfuerzo del Estado” en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas, ya que se trata de evitar que evadan a la justicia y que atenten contra la integridad de las víctimas, testigos o que sigan cometiendo delitos.
Explicó que en delitos de alta gravedad, como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, así como delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército implican que los presuntos culpables enfrenten el proceso en prisión.
“Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, mencionó la Segob.
Lo anterior, porque el ministro Luis María Aguilar presentó un proyecto que busca anular la prisión preventiva oficiosa en el país.
