Diputadas buscan llevar a nivel constitucional la medida 3 de 3 contra la violencia a mujeres.
El Grupo Plural de diputadas presentará este miércoles una iniciativa llamada 3 de 3 contra la violencia para que ningún agresor o agresora de mujeres ocupe cargos en el servicio público, ya sea por elección popular o nombramiento.
La propuesta, respaldada por legisladoras de Morena, PRI, PRD y MC, busca modificar los artículos 38 y 102 de la Constitución.
Con ello se establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden para ser registrada como candidata o candidato para cualquier cargo de elección popular, ser votada o votado para todos los cargos de elección popular, o ser nombrada o nombrado para cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, en los siguientes casos:
- Por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual.
- Por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, o violencia política contra las mujeres en razón de género.
- Por tener sentencia firme como persona deudora alimentaria morosa.
En la exposición de motivos se recuerda que en 2021 nació la iniciativa “3 de 3 contra la Violencia”, la cual solo fue un lineamiento para el proceso electoral de ese año y cuyo objetivo consistió en otorgar garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género.
Esta consistía en que las personas aspirantes a una candidatura firmaban un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad para manifestar no haber sido condenadas o sancionadas mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. Tampoco por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Ni como persona deudora alimentaria morosa.
Sin embargo, se explica que esta medida no generaba ningún acto jurídico ni obligación por parte de los aspirantes a candidatos para mostrar la evidencia de no estar incumpliendo con ninguno de los supuestos. Por ello, las legisladoras señalan que buscan llevan esta acción a nivel constitucional.
“Aunque la medida 3 de 3 contra la violencia, ha sido uno de los primeros mecanismos adoptados, presenta problemas en su implementación, pues está diseñada para tenerse por cumplida, únicamente a través de su presentación por medio de un escrito firmado bajo protesta de decir verdad y de buena fe por la persona aspirante a una candidatura a un cargo de elección popular”, señala la propuesta.
