Por considerar valida la posible existencia de un delito de peculado, una juez de control concedió la solicitud que presentó la Fiscalía Anticorrupción de vinculación a delito en contra del ex auditor superior del estado Jesús Manuel E. F. y en contra de sus dos hijos como presuntos coautores, cuyas iniciales son I.G.E.G. y R.A.E.G., a quienes supuestamente se les depositó de forma ilegal un millón 891 mil 840 pesos a sus cuentas personales.
La investigación señala un presunto peculado por la cantidad de 5 millones 260 mil 600 pesos, de los cuales supuestamente se depositaron en las cuentas de los hijos del ex auditor la cantidad de 985 mil pesos y 906 mil 840 pesos respectivamente, esto entre los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017, según detalló la Juez de Control
La acusación nace de una investigación “científica, técnica, pericial, contable y financiera, respetando los principios esenciales del procedimiento”, explicaron los agentes del M.P. quienes señalaron que siendo auditor superior del Estado de Chihuahua, J.M.E.F. con el auxilio de tres empresas facturadoras de operaciones inexistentes, hicieron llegar a las cuentas de I.G.E.G. y R.A.E.G. respectivamente las cantidades antes mencionadas para solventar gastos personales.
A decir de la Carpeta de Investigación en la que se sustenta la solicitud de vinculación a delito, la Auditoria Superior del Estado, pagó dos facturas a una persona moral por supuestos cursos de capacitación, la primera de ellas por la cantidad de 3 millones 162 mil 600 pesos y otra por un importe de 2 millones 88 mil pesos, sin que exista pruebas de que se hubiera prestado algún bien o servicio a la Auditoría Superior del Estado.
Posteriormente la persona moral, denominada BAUPRE NETWORKS, quien cobró una comisión del 1%, depositó el dinero en las cuentas bancarias de otras dos facturadoras, identificada como SMARTBULDING y KABI GLOBALMARCK, mismas que transfirieron el recurso público a diversas cuentas, entre ellas la de J.M.E.F. así como a las cuentas personales de sus dos parientes directos, quienes finalmente utilizaron el capital sustraído al erario en gastos personales como pagos de créditos, vehículos y tarjetas de crédito. Dicha información se obtuvo a través de la Comisión Nacional Bancaria, esto debido al convenio de colaboración de la Fiscalía Anticorrupción con esa institución CNBV
La jueza de control concedió un plazo de 3 meses para la etapa de la investigación, mientras que las medidas cautelares, se mantuvieron para la totalidad de los imputados.
