Este viernes fue leída la sentencia sobre Aras, indicando la confiscación de los activos de Aras Business Group a favor de un fondo de atención a víctimas gestionado por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
Mariano Cordero, representante legal de algunas víctimas, anunció su intención de impugnar la decisión judicial tras la lectura de la sentencia. La sentencia reveló un perjuicio estimado de 889 millones de pesos y más de 4,500 afectados que habían invertido parte de su patrimonio en la entidad financiera.
Durante la audiencia del 14 de diciembre, se incorporaron elementos que llevaron a la aceptación de 4,355 querellas junto con los contratos y perjuicios señalados por las víctimas. La narrativa detallada sobre cómo las víctimas fueron persuadidas para invertir en la empresa se mantuvo constante a lo largo del proceso penal.
La sentencia también reveló que la promotora de inversión recibió fondos de 4,355 personas que confiaron sus ahorros, jubilaciones e hipotecaron sus casas con la expectativa de rendimientos, pero la empresa nunca invirtió los fondos para generar ganancias.
En cuanto a la apelación, el jurista, con anterioridad, había manifestado su intención de presentar un amparo, argumentando que la cantidad recaudada representaría menos del dos por ciento de los daños patrimoniales sufridos por las víctimas.
