Pide el legislador priista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise y proceda en consecuencia
El diputado Omar Bazán dijo que la administración de Javier Corral violó la Ley de Disciplina Financiera con las Entidades Federativas y los Municipios durante 2019, pues excedió en casi tres puntos el porcentaje de la deuda contratada a corto plazo con relación a los ingresos que le fueron aprobados en dicho periodo fiscal.
Explicó que el ordenamiento federal especifica que la deuda a corto plazo NO DEBERÁ EXCEDER del seis por ciento de los ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir financiamiento neto.
Sin embargo, la administración estatal cerró 2019 con créditos de corto plazo contratados con el 8.5 por ciento.
Recordó que para el ejercicio fiscal 2019, el Congreso aprobó al gobierno estatal ingresos por 69 mil 628 millones 474 mil 852 pesos y al revisar el informe de la Deuda y Otros Pasivos, la deuda a corto plazo contratada fue por la cantidad de 7 mil 570 millones de pesos, lo cual representa el 8.5 por ciento, “una clara violación a la Ley de Disciplina Financiera con las Entidades Federativas y los Municipios”.
Explicó que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el capítulo II relativo a la Contratación de Obligaciones a Corto Plazo, establece que los estados y municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan cuatro condiciones, entre ellas que:
En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales
aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente.
Por lo anterior, el diputado priista presentó una iniciativa de punto de acuerdo para que el Congreso del Estado exhorte al gobierno federal, a través de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, determine la responsabilidad del Poder Ejecutivo de Chihuahua, conforme lo establece la propia Ley de Disciplina Financiera con las Entidades Federativas y los Municipios:
“Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la hacienda de las Entidades Federativas o de los Municipios, incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables. Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos. Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad, por dicha argumentación la Secretaria de la Función Pública debe investigar la probable omisión y violación de este ordenamiento legal”.
Ante esta violación y aprobado para el ejercicio fiscal 2020 por el Congreso un incremento de 3 mil millones de pesos de deuda a corto plazo, es menester ordenar la aplicación de la Ley de Disciplina financiera en la aplicación de los recursos para salvaguardar el futuro financiero de la entidad.
Cabe hacer mención que el diputado Omar Bazán detalló por oficio esta situación al Dr. Fernando Karol Arechederra Mustre, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda.
