La Fiscalía General del Estado obtuvo otro auto de vinculación a proceso más en contra del ex Director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, Enrique Antonio Tarín García por su presunta participación en el desvío de 2 millones 420 mil pesos del erario público; hechos por los que ya fueron sentenciados el ex diputado Fernando Mariano Reyes Ramírez y el empresario, Iván Elí Sánchez Jasso.
Como parte los trabajos efectuados en el marco de la “Operación Justicia para Chihuahua”, el agente del Ministerio Público expuso ante el Juez de Control que el imputado en calidad de presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado, simuló el proceso para la contratación de servicios profesionales a favor de la empresa Bildung Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V.
Fue durante los meses de julio a septiembre de 2016, cuando Enrique Antonio T. G. sabía que el recurso no sería aplicado para algún programa público, ya que esto formaba parte del “pago” de un compromiso personal efectuado entre el ex diputado, Fernando Mariano Reyes Ramírez y el ex gobernador, César Horacio Duarte Jáquez, para que votara en el Pleno del Congreso a favor de la bursatilización.
El contrato de servicio que el imputado firmó y autorizó incluyó lo siguiente:
- Análisis de situación de municipios con una investigación y documentación con duración de 50 horas por 580 mil pesos.
- Análisis presupuestal que consistiría en la revisión del ciclo presupuestario con duración de 100 horas 606 mil pesos.
- Análisis de la situación financiera del Gobierno Federal, que incluía una revisión de documentación referente al presupuesto y necesidades actuales de los municipios, con duración de 40 horas por 350 mil 207 pesos.
- Prospectiva de programas federales y su aplicabilidad que consistiría en revisar la alineación de programas federales con municipios, con una duración de 80 horas por 550 mil pesos.
El Juez de Control, consideró suficientes las pruebas expuestas por la Fiscalía, por lo cual, lo vinculó a proceso, fijando cuatro meses para el cierre de la investigación e imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva; con lo que suma ya, cuatro procesos penales en su contra.
