El abogado defensor de la candidata del PAN a la gubernatura del estado, Francisco Molina, acusó al Ministerio Público de negarle la entrega de las pruebas que solicita, lo que representa una clara violación a los derechos fundamentales de su representada.
Francisco Molina pidió a la juez de control a que decrete la nulidad del proceso por ilegalidades de responsabilidad de la Fiscalía, lo anterior basado en la filtración de las copias de los recibos a los medios de comunicación y las declaraciones públicas por parte de las autoridades.
“El proceso corruptor se actualiza cuando en un caso en concreto concurren las siguientes circunstancias: A) Que la autoridad policial o ministerial realice alguna conducta que esté fuera de todo cauce constitucional. B) Que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la incidencia incriminatoria que lleve a la falta de realidad. C) Que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado y se afecte de manera total sus derechos”, dijo Molina.
