Tras amparo promovido por Alfredo “El Caballo” Lozoya, ordena juez restitución de agua y drenaje para colonias de la capital del Estado

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27 dependencias federales, estatales y municipales deberán garantizar el abasto de 50 litros de agua diaria para cada habitante

Tras el amparo promovido por Alfredo “El Caballo” Lozoya, candidato a la gubernatura de Chihuahua y Ernesto Visconti, candidato a diputado federal por el Distrito 8, en compañía con líderes de 170 colonias de la capital del Estado, el juzgado de distrito resolvió que los tres órdenes de gobierno han fallado en la protección a los derechos de las y los habitantes de estas zonas y ordenó la inmediata instalación o restitución del servicio de agua y drenaje.

De acuerdo a las declaraciones de los candidatos, desde hace meses se ha llevado a cabo una auditoría de servicios públicos en la capital de Chihuahua, la cual muestra que un tercio de la población carece o tiene deficiencias en su servicio de agua y drenaje. De tal manera que, al considerar el acceso a servicios públicos como un derecho humano, se promovió la impugnación para el cese inmediato de este incumplimiento de ley.

En ese sentido, apuntó Alfredo Lozoya, tras la resolución del juez, fueron notificadas 27 dependencias responsables del servicio de agua y saneamiento, que van desde el orden federal hasta el municipal, las cuales deberán notificar en un plazo de 24 horas, el mecanismo por el que harán cumplir con su obligación de servicio a la ciudadanía.

Por su parte, Ernesto Visconti, señaló que, en los puntos específicos de la resolución, se determinó que la autoridad deberá proveer de manera diaria 50 litros de agua para cada habitante promovente del amparo, así como instalar o renovar la infraestructura hídrica para el cumplimiento de esta orden.

De esta manera, serán más de 300 mil chihuahuenses beneficiados por la iniciativa de los candidatos de Movimiento Ciudadano. Quienes, indicaron, seguirán realizando el proceso de auditoría de servicios públicos para sumar a todas las colonias que carezcan de servicios públicos y así garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en todo el Estado.