La Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó al gobierno de Chihuahua que encabeza Javier Corral Jurado suspender cualquier investigación o acción legal que pretendan ejercer hoy o en el futuro en contra del actual presidente Enrique Peña Nieto o cualquier otro funcionario federal. Según informa el periódico Milenio esta tarde.
Fue el presidente Enrique Peña Nieto quien presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de las amenazas vertidas por el gobernador Javier Corral en el sentido de que lo llevaría a la cárcel y hoy por la tarde, “Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión que frena de manera indefinida cualquier investigación o acción legal que pretenda ejercer el gobierno de Chihuahua contra el presidente Enrique Peña Nieto durante su cargo o al término de éste, así como de su propio gabinete”, señala dicho portal de noticias.
De igual forma afirman que: “En el recurso presentado por Misha Leonel Granados Fernández, consejero jurídico de la Presidencia, se pidió la protección contra las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relaciones a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relaciones directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”.
Explican que con esa suspensión, lo que buscan es “proteger a Peña Nieto y a su gabinete de cualquier citación judicial, órdenes de aprehensión, presentación o arraigos respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”.
Cabe señalar que la suspensión dictada por el ministro de la Suprema Corte no determina si las acusaciones son o no fundadas, lo que establece es que puede existir una invasión a la esfera competencial de la federación, al tratar determinar que un funcionario federal puede ser sujeto a procesos penales locales.
Ese punto es el que obligaría a Javier Corral y al fiscal César Augusto Peniche a solo poder presentar las denuncias respectivas ante la propia autoridad federal, es decir, acudir ante la Fiscalía General de la República a presentar sus denuncias y a sentarse a esperar que esa autoridad determine si “hay elementos para iniciar o no un proceso en contra de sus acusados”.
