La Sexagésima Sexta Legislatura exhortó al titular del Gobierno del Estado con el objetivo de que se realice un análisis de impacto biopsicosocial del proyecto “Transporte Rápido de Autobuses” o “Bus Rapid Transit” por sus siglas en inglés (BRT), con la finalidad de acreditar el impacto positivo en la población y en la economía.
De la misma manera, se instó para que aunado a lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, lleven a cabo el análisis de impacto biopsicosocial y económico del proyecto referido, a efecto de mejorar las condiciones de vialidades en Juárez.
Por otra parte, se exhortó a las Auditorías Superiores de la Federación y del Estado, para que se lleve a cabo una auditoría especial completa en donde se analice y revise con detalle, el presupuesto, los permisos, ministraciones, pagos prorrateos, deudores, oficios de autorización presupuestal, así como comprometidos de la obra y fuente de financiamiento.
Por último, se realizó el llamado al Titular del Ejecutivo Estatal, para que se erradique cualquier acto de represión en contra de la libre manifestación de ideas.
Las peticiones antes señaladas, fueron presentadas por el diputado Benjamín Carrera Chávez, quien expuso que el pasado 5 de abril de 2021, se emitió el oficio DGDU/DADU/LC/0823/2021, signado por la Lic. Lilia Ana Méndez Rentería, en su calidad de Directora General de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento de Juárez, en el cual manifestó que a la fecha de expedición del citado, no se había expedido licencia o permiso a las obras del BTR II.
“El día de ayer, un grupo de vecinos se manifestaron en contra de los trabajos de dichas obras en la Ciudad Fronteriza; varios de ellos fueron detenidos mientras se llevaba a cabo la manifestación de forma pacífica. Al lugar, llegaron alrededor de 10 unidades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para pedir a los ciudadanos que se retiraran, al ver la negativa de los ciudadanos, los agentes optaron por detener a los manifestantes, a pesar de que existe la libre manifestación de ideas”, refirió.
Es por lo mencionado que el Congreso instó al Ejecutivo Estatal, para que se tomen en consideración la serie de peticiones señaladas y se garanticen los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, toda vez que los funcionarios públicos deben atender las necesidades de la población.
