A casi 16 meses de permanecer encarcelada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, Rosario Robles Berlanga, acepta acogerse al criterio de oportunidad que le ofrece la Fiscalía General de la República y va a colaborar otorgando información sobre los desvíos de recursos de la pasada administración que encabezó Enrique Peña Nieto y de como se lavó ese dinero que se extrajo de las arcas de la nación.
La decisión dada a conocer por sus abogados a la Fiscalía General de la República, la toma a unas semanas de que se realice una audiencia que se señalaba crucial para su proceso.
La información fue publicada por Milenio Diario y en la nota informativa señalan que fuentes cercanas a la ex funcionaria federal, dieron a conocer que ella se encontraba en reunión con su abogado Epigmenio Mendienta, revisando los alcances de su decisión y los mecanismos a seguir.
A Rosario Robles se le sigue un proceso por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y la Fiscalía General de la República había obtenido hace un par de días una nueva orden de aprehensión en su contra acusándola de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Será el próximo 8 de diciembre cuando se realice la audiencia en donde ella podrá declararse culpable del delito de uso indebido de atribuciones, mediante el cual el juez tendría que otorgarle el beneficio de un juicio exprés y tras ello dictar una sentencia con pena reducida, todo eso a cambio de que ella colabore con la Fiscalía General de la República y de a conocer a los implicados y el proceso mediante el cual se extrajo dinero de las arcas públicas en la llamada “Estafa Maestra”.
En caso de que Rosario Robles se desistiera a tomar el criterio de oportunidad se estaría enfrentando a una acusación muy seria por la cual el Ministerio Público está pidiendo le impongan una pena de 21 años de prisión.
Las autoridades federales señalan que confían que con la colaboración de Rosario Robles, podrán obtener todos los datos que necesitan para cimentar sendos procesos en contra de diversos funcionarios de la pasada administración a quienes buscan acusar de delincuencia organizada y lavado de dinero.
