El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, declaró que la reforma judicial federal tendrá un impacto presupuestal superior a 600 millones de pesos en Chihuahua. Señaló que los costos derivados de esta reforma recaerán en los estados, sin respaldo financiero por parte de la Federación. Entre los gastos previstos se encuentra la organización de elecciones para jueces y magistrados.
Además, se contempla la indemnización de jueces y magistrados que serán retirados o jubilados, lo que representa una carga adicional para el estado. De la Peña indicó que estos compromisos podrían afectar el gasto operativo. Ante esta situación, se están revisando ajustes para reducir el impacto financiero.
La administración estatal busca mantener la disciplina fiscal y fortalecer la recaudación de ingresos propios. Se dará prioridad a áreas como salud, seguridad y educación. El gobierno estatal analiza qué programas podrían ajustarse ante la nueva presión presupuestal derivada de la reforma.
