Realiza COEPI censo de personas indígenas privadas de libertad en Ceresos del Estado

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Para impulsar la transversalización de la pertinencia cultural y el respeto a los derechos de los pueblos originarios.
Se busca garantizar el debido acceso a la justicia, como un derecho humano, así como el equilibrio entre los derechos de las víctimas y los de las personas involucradas en un proceso legal.

Con el objetivo de incidir en el enfoque de pertinencia cultural en centros penitenciarios, a través de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi) se realizó un censo de la población indígena que se encuentra privada de su libertad en el Estado.

Los resultados fueron compartidos en una mesa de trabajo interinstitucional, con presencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil, Coepi, Secretaría General de Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua; así como con la participación de Héctor Javier Talamantes Abe, magistrado de la Sexta Sala Penal y Nora Angélica Balderrama Cano, titular de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

Durante la reunión, el equipo de Coepi hizo del conocimiento de las y los asistentes, que para obtener la datos pertinentes, en un marco de coordinación interinstitucional, solicitó a las autoridades penitenciarias información relacionada con el registro general de la población indígena actualmente en situación de internamiento en los centros de reclusión en el Estado; además de la realización de entrevistas a todas las personas de pueblos originarios en los Ceresos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8, así como en los femeniles 1 y 2.

Las inscripciones del padrón, que contienen datos personales, socioeconómicos, culturales, jurídicos y de la vida en reclusión de las personas indígenas, se dieron a conocer a las y los presentes, mediante un diagnóstico que arrojó las principales problemáticas a las que se enfrentan las personas indígenas procesadas y sentenciadas en el Estado de Chihuahua.

Con estas acciones, desde Gobierno del Estado se busca garantizar el debido acceso a la justicia como un derecho humano, así como el equilibrio entre los derechos de las víctimas y los de las personas involucradas en un proceso legal.

Asimismo, este censo forma parte de las actividades que la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas realiza para impulsar la transversalización de la pertinencia cultural y el respeto a los derechos de los pueblos originarios.