El diputado Omar Bazán se pronunció por restringir e inhabilitar a cargos de elección popular a varones que mantengan antecedentes de violencia de género, incluso si éstos gozan de libertad y tengan sus derechos políticos vigentes.
A través de una iniciativa con carácter de Decreto, el legislador priista solicitó la aprobación a la reforma del artículo 38, fracción II, de la Constitución Política, una vez elevada al Congreso de la Unión.
Hemos sido testigos de casos en que aspirantes a puestos políticos cuentan con diversas denuncias en su contra por violencia política en contra de las mujeres, abusos sexual y hasta violación, que terminan siendo postulados y registrados por el órgano electoral, señaló Bazán.
El diputado local fue enfático en declarar que el Instituto Estatal Electoral no puede detectar esa conducta, bajo el entendido de que la persona se encuentra en el campo de la moral y la ética, en tanto no exista una sentencia que lo confirme y señale.
Es cierto que el principio de presunción de inocencia es un pilar para la administración de justicia, deben adecuarse mecanismos en los que puedan ponderarse las acusaciones de una o varias mujeres, en contra del varón.
Especificó que ante el camino tortuoso que vive la mujer al denunciar un delito relacionado con abuso sexual, debe establecerse expresamente que quien quede vinculado a proceso, por delitos que involucren violencia en contra de la mujer no pueda acceder a la postulación, hasta en tanto se dicte sentencia absolutoria.
Reprochó que en la legislación actual se ha interpretado en el sentido de que aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al habérsele otorgado la libertad caucional y materialmente no se le hubiere recluido a prisión, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político-electorales.
