Personas inscritas no podrán desempeñar puestos en la función pública; aspirar a cargos de elección popular u obtener licencia de conducir, entre otras.
La diputada Blanca Gámez Gutiérrez propuso la creación de la Ley del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos en el que se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias. Con ello se busca garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las niñas, niños y adolescentes, así como su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos.
Las personas inscritas en el registro, no podrán desempeñar puestos en la función pública Estatal o Municipal; obtener licencias y permisos de conducir; participar como candidatas o candidatos a cargos concejiles y de elección popular en el Estado o ser aspirantes a cargos de jueces o juezas, magistraturas y Consejerías del Poder Judicial del Estado.
La iniciativa también contempla que en las solicitudes de matrimonio, el Registro Civil haga del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM), mencionando la situación que guardan respecto de las obligaciones que tiene.
La coordinación y emisión de lineamientos para la operación del Registro quedarán a cargo del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
Blanca Gámez, recordó que desde el año pasado el Congreso del Estado de Chihuahua impulsó y aprobó la armonización de ordenamientos jurídicos, como la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que entre otras cosas, considera como requisito para acceder a una candidatura, el no haber incumplido con alguna obligación alimentaria o con acuerdo o convenio derivado de un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos; por lo que esta iniciativa busca dar cumplimiento a dicha obligación a través de la ley que crea el Registro Estatal de Deudores Alimentarios.
Señaló que a pesar de que tanto en tratados internacionales como en la Constitución mexicana se deja en claro la obligación de las autoridades de velar por los derechos de la niñez y, en consecuencia, establecer políticas públicas que garanticen sus derechos, en México las cifras del incumplimiento de las obligaciones alimentarias son muy poco alentadoras.
De acuerdo con la organización “Mamás en Acción’’ y con la ‘’Red por los derechos de la infancia en México”, ocho de cada diez deudores alimentarios en el país no cumplen con su obligación de dar alimentos.
Además, tres de cada cuatro niñas, niños y adolescentes con padres divorciados, no reciben pensión alimenticia, es decir 75% de este grupo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“A pesar de lo establecido por la ley, en la realidad encontramos que las personas deudoras alimentarias encuentran la manera de evadir sus responsabilidades, realizando una serie de conductas ilícitas y aunque estas conductas están tipificadas en materia penal, son sumamente pocas las denuncias y las personas que se encuentran sujetas a un procedimiento penal y aún menos quienes se encuentran purgando una sanción privativa de la libertad por este delito,“ puntualizó la legisladora.
